Obtuvo la aprobación de una ley que aplica una norma constitucional que dispone que ningún funcionario público pueda ganar más que el presidente.
El presidente electo de México, Manuel López Obrador, ha conseguido que sea ley una de las medidas de su gestión que comenzará en diciembre. La Cámara de Diputados aprobó este miércoles un tope salarial para la alta burocracia. Ningún ministro, legislador, gobernador o funcionario público podrá ganar más del presidente. La ley elimina además las pensiones de exmandatarios, como parte del programa de austeridad prometido por López Obrador, quien el 1 de julio logró un resultado histórico impulsado por su intención de acabar con los privilegios de los políticos.
Los diputados aprobaron con 246 votos a favor y 111 en contra la ley de remuneraciones de servidores públicos. La norma acaba con una vieja y reiterada violación a la Constitución, que en su artículo 127 determina que ningún funcionario puede ganar más que el presidente, quien hoy tiene un sueldo de 270.000 pesos mensuales (14.000 dólares). López Obrador, sin embargo, prometió reducirlo a 5.700 dólares.
Los diputados de Morena desempolvaron una norma que desde hace siete años había sido aprobada por el Senado y que, mientras el PRI controlaba la Cámara Baja nunca fue discutida. El Morena cuenta con 255 bancas sobre las 500 de Diputados, por tanto fue posible convertir en ley el proyecto contando con los votos suficientes.
Los partidos opositores, el PRI y el PAN, hoy desplazados por el Morena como segunda y tercera fuerza política, solicitaron modificar el texto, por cambios ocurridos durante estos siete años, pero el partido del presidente no cedió y rechazó retocar la redacción de los 17 artículos de la ley, que incluso impone penas de prisión a aquellos servidores públicos que expidan cheques o paguen cantidades que superen el límite establecido. El episodio sirve para ilustrar la nueva realidad del Congreso mexicano.
Al evitar modificar el texto, los diputados evitan que este retorne al Senado. La nueva ley pasará al poder Ejecutivo para que este la publique. “El presidente Peña Nieto o publica la ley o la veta. Si la veta que dé la cara al pueblo para explicarlo. Los privilegios van para atrás. Se van a acabar los abusos y atropellos”, dijo Gerardo Fernández Noroña, un polémico aliado de López Obrador.
La ley pretende recortar la abismal brecha salarial entre los altos cargos del Gobierno federal y sus empleados. Pero la norma se convertirá en un quebradero de cabeza para muchos. El Poder Judicial, por ejemplo, donde un ministro de la Suprema Corte ingresa mensualmente más de 300.000 pesos (16.000 dólares), prepara un plan de austeridad para adaptarse a los nuevos tiempos. Las medidas de este programa, sin embargo, ya han sido rechazadas por insuficientes por los senadores de Morena porque solo significan el recorte de 1% de su presupuesto y no afectan los sueldos, dentro de los más altos del sector público en México. La cuarta transformación marcha y acelera rumbo al 1 de diciembre.
