¿Cómo impactó o impactará en la política o en los políticos esta expresión categórica de rechazo?
Tras las multitudinarias y en algún sentido inéditas expresiones de la sociedad, sin distinción de edades, clases sociales y pertenencias políticas, en contra del fallo de la Corte a favor de la aplicación del 2×1 a personas condenadas por delitos de lesa humanidad, cabe preguntarse cómo impactó o impactará en la política o en los políticos esta expresión categórica de rechazo.
Ya una primera reacción se advirtió al lograrse en tiempo récord una casi total unanimidad en la sanción de una ley, acotando y restringiendo la aplicación del criterio del 2×1. En diputados y senadores.
Sin dejar de expresar los disensos existentes entre las diversas fuerzas políticas con respecto al tema general de la legislación sobre derechos humanos y las políticas aplicadas en torno a ese tema por parte de los distintos gobiernos desde la recuperación de la democracia hasta la fecha, finalmente se logró el consenso para fijar una postura contraria a lo decidido por la Suprema Corte.
Por sobre el análisis técnico jurídico de la resolución en sí misma, donde aparecieron posturas antagónicas, se acordó la absoluta inconveniencia de su aplicación y el error de haber pretendido aplicar a los condenados por delitos de lesa humanidad, esa “ventaja o beneficio”, con respecto a la vigencia de la condena recibida.
Dicho en otras palabras, primó una evaluación política por sobre la evaluación jurídica formal.
Esta forma de resolver el conflicto planteado, sin embargo, conlleva algunas consecuencias que se verán en el tiempo. Una de ellas, tiene que ver sobre cómo afectarán el clima político institucional.
Todo parece indicar que la coyuntura electoral de medio término jugó un papel fundamental para sumar el apoyo del oficialismo a la sanción de la ley “correctora”, más allá de las críticas al gobierno anterior respecto a su responsabilidad, por omisión, en este tema. Mecanismo habitual para “explicar” decisiones o políticas “antipáticas” para el conjunto de los ciudadanos.
Por iguales razones se explican los comentarios realizados, con demora, desde el ejecutivo nacional con respecto a la vigencia irrestricta de la independencia de poderes. Quizás haya pesado a la hora de las declaraciones el hecho de que los dos jueces inicialmente impuestos por decreto del ejecutivo, votaron a favor de la aplicación del 2×1. Esto generó suspicacias respecto a la presunta “independencia” de los funcionarios. A esto debe añadirse que el Estado no apeló el fallo favorable a la continuidad de la otra jueza firmante, pese al reclamo inicial del propio Estado impugnando su permanencia en el cargo atento a la edad de la susodicha, lo que podría haber condicionado su independencia de criterio. Obviamente esta presunción supone una opinión favorable por parte del oficialismo a la aplicación de la cuestionada resolución.
No se dejó de señalar que un ex-juez de la Suprema Corte, a quien se le adjudica una pertenencia política favorable al gobierno saliente, había votado en un caso anterior en forma idéntica o parecida a los actuales tres jueces, de los cinco que integran el máximo tribunal, a favor del 2×1.
Como quiera que sea, la reacción un poco tardía del oficialismo, a través de sus funcionarios o representantes (inclusive desdiciendo algunos desafortunados comentarios favorables a la sentencia en cuestión, apenas conocido el dictamen), pareció más preocupada por las encuestas y la reacción social, que por el fondo de la cuestión.
Sin embargo aquí deben reconocerse algunas excepciones, cosa que por otra parte tiene sentido si se considera las diferencias existentes entre las fuerzas que conforman al partido “Cambiemos”.
Habrá que ver el desarrollo que tienen algunas propuestas que piden la renuncia de los tres magistrados que votaron a favor. De todas maneras, cualquiera sea la decisión final, el prestigio y la credibilidad del máximo órgano de justicia han quedado seriamente dañados. Y esto no es una buena señal sobre la salud de la democracia vigente. Todo lo contrario. Y si a esto se suman otros temas con respecto al funcionamiento del Poder Judicial, es claro que hace falta un profundo replanteo con respecto a su rol como Poder efectivamente garante de la máxima justicia posible para la Nación.
Algunos fallos conocidos por parte de tribunales federales, en abierta oposición al criterio de la Suprema Corte en este tema del 2×1, abonan lo dicho.
Por último, cabe esperar que estas llagas que enferman, entre otras, la calidad de nuestra democracia, puedan ser asumidas responsablemente por quienes tienen la principal responsabilidad –no la única– de velar por su mejoría.
Y celebrar que a pesar de todas las diferencias que cruzan a la sociedad argentina, haya habido una reacción masiva y mayoritaria, en paz, pero contundente ante un límite que nunca debió haber sido transgredido: los genocidas y delincuentes de lesa humanidad merecen y deben ser sancionados con el máximo peso de la ley, sin atenuantes, en un marco de presunción de inocencia y plena vigencia del derecho a la defensa. En esto la República Argentina ha sido reconocida en el mundo. No se debería retroceder y perder esa opinión en los foros internacionales.
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