El presidente rechazó el proyecto aprobado en 30 minutos por el Congreso controlado por el partido del ex dictador, al que fue anulado el indulto.
Sigue la pulseada entre el presidente de Perú, Martín Vizcarra, y el fujimorismo que controla el Congreso, en el que cuenta con una holgada mayoría. El mandatario se rehusó a promulgar la ley que pretendía beneficiar al ex dictador Alberto Fujimori, luego de que la Justicia anulara el indulto que le condonó seguir purgando una pena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad.
El trámite legislativo fue súper rápido, se salteó el debate en comisión, pasó al recinto y en 30 minutos fue aprobado. El presidente Vizcarra presentó serias objeciones al proyecto de ley que tiene, claramente, nombre y apellido. Instala el beneficio por razones supuestamente humanitarias de los arrestos domiciliarios bajo control de las autoridades judiciales, para presos con más de 65 años si son mujeres y más de 78 si son varones (se desconoce el criterio para establecer tales edades), que hayan purgado una tercera parte de la pena.
Desde que la Justicia anuló el indulto que lo benefició a fines del año pasado, Alberto Fujimori se ha refugiado en un hospital para no volver a la cárcel. El presidente, por su parte, tiene la facultad de oponerse a promulgar la ley que y, en un documento dado a conocer ayer, ofrece como argumentos la vulneración de normas constitucionales, confusiones en las instituciones que deberían hacer el seguimiento de los casos en que se aplicaría la ley, que son una consecuencia lógica de una ley preparada de apuro para complacer al líder de la agrupación.
Perú vive un momento políticamente delicado. Un gobierno sin mayoría parlamentaria, intenta afrontar la corrupción que se ha enquistado en el Estado. La fuga al exterior del ex juez supremo César Hinostroza, a la cabeza de una red de tráfico de influencias parte de un escándalo que ha sacudido el Poder Judicial, se une a la trama de ilícitos que involucran también los estamentos políticos y estatales. Dos altos cargos de Migraciones y de la Policía Nacional han sido destituidos debido a la fuga del juez, por haberla supuestamente facilitado.
En caso de que el Congreso insista en presentar la ley cuestionada por Vizcarra, deberá promulgarla. Pero todo indica que antes de ello, habrá más novedades en esta pulseada.
