Chavismo y oposición debaten en Barbados. El Gobierno quiere alargar las negociaciones, los opositores buscan una salida rápida.
Es frágil el hilo que sostiene las negociaciones, más que diálogo, entre la oposición de Venezuela y el gobierno chavista de Nicolás Maduro. En la isla caribeña de Barbados, las partes intentan cada una alcanzar su resultado y, como ha ocurrido hasta ahora el problema es la divergencia de los objetivos. Maduro intenta claramente ganar tiempo. Ha sido su estrategia, alegando siempre nuevas razones, muchas de ellas tergiversaciones de la realidad, para no aplicar los puntos acordados. En su momento, se lo recordó el mismo Papa Bergoglio al señalarle que para dialogar es necesario cumplir con lo pactado y que él no lo había hecho. La oposición insiste en que Maduro debe dar un paso al costado. Sería la situación ideal, para luego convocar a elecciones que no sean amañadas por el Ejecutivo. Para ello es necesario reformar el estratégico Consejo Nacional Electoral, la institución utilizada para fabricar elecciones a las que la oposición no ha querido participar, tanto en el caso de la Asamblea Constituyente, como en los últimos comicios políticos en los que en ausencia de competidores Maduro ganó, determinando la ilegitimidad de su actual mandato. La última vez que el Gobierno permitió elecciones suficientemente libres, la oposición ganó la mayoría en la Asamblea Nacional, el Legislativo nacional. Esa medición de fuerza indicó que su bien el chavismo recoge importantes apoyos, no es la mayoría.
Las discusiones en Barbados siguen, pero Maduro ahora propone una mesa permanente de trabajo, mientras que Juan Guaidó es partidario de una solución rápida que permita avanzar hacia una transición. El Gobierno de Noruega oficia de mediador al tiempo que una buena parte de la comunidad internacional presiona apoyando a Guaidó como presidente interino. Por una razón de objetividad, es bueno recordar que la auto proclamación de Guaidó como presidente, se basa en una muy endeble interpretación de la carta constitucional que no resistiría a un atento examen jurídico. Es parte de la debilidad de la oposición, que todavía no logra aglutinarse en torno a un proyecto de cambio institucional, aunque sea transitorio, y que con frecuencia adolece de una visión auténticamente democrática.
El problema fundamental sigue siendo la crisis económica que está agobiando a toda la población y que ha determinado la salida de 4 millones de venezolanos, cantidad que el año que viene podría duplicarse, si se mantiene el actual ritmo de salidas del país. Queda claro, una vez más, la responsabilidad de las partes de posponer sus objetivos inmediatos ante el sufrimiento de millones de personas. Salir de la crisis es hoy el primer objetivo del bien común. Algo que debería tener en cuenta la comunidad internacional que, al aplicar sanciones a la economía nacional, solo está empeorando una situación haciéndole pagar un mayor precio precisamente a la población ya afectada por desabastecimiento, hiperinflación, desempleo y pobreza cada vez más intensa.
