La inversión en el fondo de Mincione
Un primer capítulo importante de la investigación se refiere a la inversión de la Secretaría de Estado en el Fondo Athena Capital Global Opportunities de Raffaele Mincione, una operación que se realizó entre junio de 2013 y febrero de 2014. La Secretaría de Estado se endeudó con Credit Suisse por 200 millones de dólares para invertir en el fondo de Mincione (100 en los títulos, 100 en los inmuebles, vinculados al edificio de Londres). La inversión, altamente especulativa, conllevó graves pérdidas para la Santa Sede. Al 30 de septiembre de 2018, las acciones habían perdido más de 18 millones de euros en comparación con el valor de la inversión inicial, pero se estima que la pérdida global es una cantidad mucho mayor. Mincione usó el dinero del Vaticano para llevar a cabo operaciones imprudentes e intentar la adquisición de instituciones bancarias en crisis. Ante los desastrosos resultados, la Secretaría de Estado intentó salir de la inversión y tomar posesión de la propiedad.
La llegada de Torzi y la extorsión
La operación preveía el pago de 40 millones de libras esterlinas a Mincione por parte de la Secretaría de Estado, a cambio de sus acciones. Se decidió confiar a una empresa propiedad de otro financista, Gianluigi Torzi, que con una operación de ocultamiento consiguió mantener el control para sí mismo y engañar a la Santa Sede gracias a complicidades internas. De la documentación aportada por los magistrados vaticanos se desprende que Mincione y Torzi estaban de acuerdo en llevar a cabo la operación con la Secretaría de Estado. Los magistrados vaticanos identifican a Enrico Crasso y Fabrizio Tirabassi como dos figuras clave y creen que obtuvieron comisiones de Mincione y pagos en efectivo de Torzi por hacerles entrar en el Vaticano. Gracias a la complicidad interna, Torzi consiguió que el Vaticano firmara un Acuerdo de Compra de Acciones que arrebataba a la Secretaría de Estado el control de la propiedad de Londres. Para ello, creó 1.000 acciones de la empresa GUTT SA y atribuyó derechos de voto únicamente a estas acciones de las que él era titular. Mientras que las otras 30.000 acciones, en poder de la Secretaría de Estado, no tenían derecho a voto. La Secretaría de Estado se encontró así ante otro financista en el Vaticano al que se le dejó todo el poder de decisión.
Los superiores engañados
Los magistrados vaticanos consideran que “ni monseñor Perlasca, firmante del Contrato de Compraventa de Acciones, ni sus superiores, el Sustituto Edgar Peña Parra y, sobre todo, el cardenal Pietro Parolin, hayan sido efectivamente informados y, en todo caso, hayan sido plenamente conscientes de los efectos jurídicos que tendrían las distintas categorías de acciones”. El mismo poder del Sustituto, que era necesario para firmar el acuerdo, se obtuvo post-factum y sin que los superiores se enteraran del “truco” que permitía a Torzi controlar todo. Para obtener el control del edificio y la salida de Torzi de la escena, a la Secretaría de Estado, gracias a la complicidad interna de los sospechosos para los que se ha pedido la imputación, se le logran extraer 15 millones de euros, pagados al financista con causales irregulares.
El papel de la AIF
Según los magistrados vaticanos la AIF (Autoridad de Supervisión Financiera de la Santa Sede) habría “descuidado las anomalías de la operación de Londres -de las que había sido inmediatamente informada- sobre todo teniendo en cuenta la abundante información que, como resultado de las actividades de inteligencia, había adquirido”. Según la documentación producida por la fiscalía, la AIF desempeñó “una función decisiva en la finalización del proceso de liquidación de los créditos de Gianluigi Torzi”.
El cardenal Becciu
El purpurado, ex Sustituto de la Secretaría de Estado, no entró inmediatamente en la investigación. Se vio envuelto en ella por lo que los magistrados definen como “interferencia” y consideran que él está detrás de las ofertas de compra del edificio surgidas súbitamente a fines de mayo de 2020, pocos días antes del interrogatorio a Torzi. Según los testimonios, Becciu habría intentado que Perlasca se retractase. Los pagos realizados por la Secretaría de Estado a Cecilia Marogna por instrucciones de Becciu también entraron en la investigación. La empresa de la mujer recibió entre el 20 de diciembre de 2018 y el 11 de julio de 2019 pagos realizados por la Secretaría de Estado por 575.000 euros. La investigación mediante comisión rogatoria permitió comprobar que estas cifras “fueron utilizadas, en su casi totalidad, para realizar compras”. Por último, los magistrados acusan a Becciu de haber financiado y hecho financiar la cooperativa de su hermano Antonino. Se trata de 600.000 euros procedentes de los fondos de la Conferencia Episcopal Italiana y de 225.000 euros procedentes de los fondos de la Secretaría de Estado. Las donaciones habrían sido “ampliamente utilizadas para fines distintos a los benéficos a las que estaban destinadas”.
