Desde ayer los ciudadanos uruguayos pueden adquirir la sustancia en farmacias habilitadas. Se supone que eso evita el narcotráfico, pero el 62% de los ciudadanos disiente con la iniciativa.
Uruguay comenzó el “experimento” de la venta por parte del Estado de la marihuana. La intención, promocionada en su momento por el entonces presidente José Mujica, y cuyo proceso completa la actual gestión del presidente Tabaré Vázquez, es la de superar el problema de la criminalidad que comercia ilegalmente drogas y evitar el consumo de la letal pasta base. Se supone legalizar más que la adicción, un consumo definido como “recreativo”. El “porro” que alguien se fuma cada tanto, para darse un gusto.
Otros dos pilares de la ley que ayer entró en aplicación son el de los clubes de fumadores y el cultivo hogareño de hasta seis plantas de cannabis. Todo registrado, evitando el contacto con la delincuencia que lucra con la ilegalidad. Sin embargo, no parece claro cómo verificar que el cultivador hogareño posea no más que las plantas permitidas por la ley.
Los inscritos para consumir marihuana en todo el país son unos 4 mil ciudadanos. Lo podrán hacer en 16 farmacias distribuidas en los departamentos de Uruguay, 4 de éstas se ubican en Montevideo y ayer en cuestión de horas habían agotado el stock de dosis, que son de dos tipos, con efecto más o menos sedante.
Las dudas al respecto son muchas. Los medios que incursionaron en las filas que se hicieron para adquirir el producto tuvieron sus problemas para filmar a los compradores. “Una cosa es la ley, otra cosa es la aceptación social”, dijo un encuestado que pidió no ser filmado. Y eso dejaba en evidencia que el 62% de los uruguayos se ha declarado en contra del experimento, apoyado por el 29%.
El hecho de que apenas 16 farmacias, sobre un total de 1.200 en todo el país, se hayan anotado para el circuito comercial dice algo de este rechazo. La contradicción entre vender productos para proteger la salud y al mismo tiempo drogas que la dañan es evidente y el gremio de las farmacias parece estar decidido a no participar de la venta de cannabis.
Esto debería inducir a la reflexión. Cualquier nuevo impuesto cosechará el probable rechazo de la gran mayoría de los ciudadanos, sin perjuicio de su probable necesidad, si un gobierno ha analizado bien su necesidad. Pero aquí el tema es la postura moral ante la decisión de que el Estado produzca y distribuya una droga que todos reconocen como dañina, aunque sea para evitar el narcotráfico y su secuela criminal. También consumir cocaína de vez en cuando y sólo por diversión no genera adicción. No parece ser motivo para autorizar su venta legal, por la simple razón que nadie puede saber si ese consumo “recreativo” no se transformará en adicción. ¿Qué pasará si el consumidor propenso a la adicción comprará legalmente las dosis facilitadas por el Estado y el narcotráfico le proveerá el resto? Mientras tanto, se habrá ampliado el consumo de drogas.
Si bien la marihuana es una droga menos letal que otras sustancias, sus efectos son igualmente perniciosos en consumidores habituales, ya que está demostrado que disminuyen la capacidad intelectual y física y turban los reflejos, con el riesgo potencial de accidentes de tránsito.
No es intención de estas líneas negar el problema de las drogas, con sus perfiles delictivos y, por sobre todas las cosas, existenciales. ¿De verdad creemos que se pueden afrontar ambos sin haber concentrado energías, esfuerzos y recursos en evitar su consumo, y promoviendo una cultura que no necesita anestesiarse – y eso abarca también el consumo de alcohol – para perseguir la felicidad?
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