El ex presidente no tuvo derecho a la última palabra y fue oído al mismo tiempo que los empresarios que lo acusaron de irregularidades que habrían probado la acusación por corrupción.
Un resquicio jurídico podría conseguir la anulación de los procesos y las condenas contra el ex presidente de Brasil, Inácio Lula da Silva, quien purga 12 años casi de cárcel por corrupción. La defensa de Lula da Silva pidió la anulación de las dos condenas contra su defendido, a partir de un fallo de la Corte Suprema.
Los abogados del ex mandatario alegaron en el nuevo recurso de hábeas corpus que Lula sufrió las mismas restricciones a su derecho de defensa por las que el Supremo Tribunal Federal (STF) anuló el martes la condena impuesta al ex presidente de Petrobras Aldemir Bendini, también condenado por corruptelas en la petrolera estatal. Una de las salas de la máxima corte, en una decisión que sentó un precedente que puede beneficiar a varios de los condenados por corrupción recientemente en Brasil, anuló la condena a 11 años de cárcel que le había sido impuesta a Bendini por su responsabilidad en desvíos de recursos de la petrolera. Por tres votos contra uno los magistrados consideraron procedentes los alegatos según los cuales su derecho a una amplia defensa fue restringido al ser obligado a prestar testimonio simultáneamente con los empresarios que lo implicaron en las corruptelas y que confesaron sus crímenes a cambio de beneficios judiciales.
De acuerdo con la mayoría de los magistrados, por tener derecho a la última palabra, el ex presidente de Petrobras sólo podía prestar testimonio después de sus acusadores para poder defenderse debidamente, por lo que decidieron anular su condena y pedir que se le inicie un nuevo juicio en primera instancia.
Es la primera vez que la máxima corte de Brasil anula una de las condenas del entonces juez federal Sergio Moro, actual ministro de Justicia en el gobierno del presidente Jair Bolsonaro y que fue el principal responsable por la Lava Jato, la mayor operación de combate a la corrupción en la historia del país. Moro fue el juez que condenó por corrupción y lavado de dinero a Lula. El entonces juez dio por probado que el ex mandatario recibió como coima un apartamento de playa por haber favorecido una constructora en contratos con Petrobras.
La defensa de Lula alegó en el recurso que, así como le ocurrió a Bendini, Lula fue obligado a prestar testimonio en su proceso al mismo tiempo que los empresarios que lo acusaron de irregularidades. Agregaron que el ex presidente sufrió tal restricción a su derecho de amplia defensa en los dos procesos en los que ya fue condenado por corrupción en primera instancia ya que tuvo que presentar sus alegatos finales al mismo tiempo que lo hicieron sus acusadores. De acuerdo con la defensa del ex presidente, la legislación le garantiza al acusado el derecho a la última palabra.
El precedente abierto por la Corte Suprema ha sido criticado por los fiscales que intervienen en el caso Lava Jato alertando que “la nueva interpretación” podrá beneficiar a varios de los condenados por corrupción en Brasil. “Si ese entendimiento es aplicado en los demás casos de la operación Lava Jato podrán ser anuladas prácticamente todas las condenas, con la consecuente prescripción de varios crímenes y la liberación de condenados y procesados”, según la nota de los fiscales.
