Se trata de los casos en que está en riesgo la vida de la embarazada, de inviabilidad del feto y de un embarazo provocado por una violación.
El Tribunal Constitucional de Chile, rechazó ayer la impugnación de la nueva normativa aprobada por el Congreso y que despenalizaba la interrupción del embarazo en tres casos: peligro para la vida de la mujer, inviabilidad del feto, embarazo como consecuencia de una violación.
Hasta esta nueva ley, en Chile el aborto estaba penado en todas sus causales, aunque en rigor los primeros dos casos, un riesgo real para la vida de la mujer y la inviabilidad del feto ya estaban contemplados por el código civil.
Estrictamente, en los casos de riesgo de vida no se habla de aborto directo sino de un efecto de una terapia para resguardar la vida de la embarazada que interrumpe el proceso de gestación. Nadie puede ser obligada a arriesgar su vida durante un embarazo. En el segundo caso, que es muy raro en la casuística médica, el feto no tiene ninguna posibilidad de vivir, por lo que se interrumpe el proceso.
Más polémico es el caso de embarazos provocados por una violación, pues al respecto hay opiniones encontradas. Quienes defienden la vida humana en todos los casos alegan que, aunque se comprenda lo traumático de una situación de este tipo, no es aceptable decretar la muerte del ser concebido. Se opone a este argumento, por un lado, la situación psicológica de una mujer que ya ha sufrido un trauma de por sí difícil de superar, y por otros casos de menores de edad, a veces niñas, para las cuales la continuación de la gestación sería ulteriormente traumática.
No se tiene todavía una fecha para la promulgación de la ley, pues se debe esperar la transmisión del fallo al Congreso y deberá redactarse el correspondiente reglamento de aplicación. Por otra parte, el máximo tribunal deberá pronunciarse acerca de los casos de objeción de conciencia de los médicos que podrían verse obligados a intervenir en casos de aborto consentido, pero al cual se oponen por sus posturas filosóficas o religiosas. Se trata de una garantía que los jueces entienden necesario resguardar.
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