Este miércoles 25 senadores, del total de 45, se reunieron fuera del Senado y en secreto y votaron un cambio de reglamento para habilitar la reelección presidencial que la Constitución actual impide.
“En ningún caso”. Con estas lapidarias palabras la Constitución de Paraguay prohíbe la reelección de presidente y vice presidente de la República, también en modo no consecutiva, a juicio de la casi totalidad de los constitucionalistas. Sin embargo, al menos desde hace un año el actual mandatario Horacio Cartes, y el ex presidente Fernando Lugo antes que él, tejen tramas políticas para volver al poder presidencial. Descartada la reforma constitucional por razones de tiempo, los seguidores y aliados de uno y de otro, impulsan una enmienda del texto constitucional que, sin embargo, no figura en la carta magna.
El miércoles se llegó al extremo de la ruptura del orden constitucional y de un modo grotesco y casi surreal, con un “desdoblamiento” del Senado.
El miércoles un grupo de senadores solicitó una sesión extraordinaria, acordada por el presidente de la Cámara Alta, Roberto Acevedo, por el día siguiente. El objeto de la sesión era el de modificar el reglamento del Senado para permitir tratar una enmienda a la Constitución que, en agosto del año pasado, ya había sido rechazada. Lo cual ya era de por sí una irregularidad. La enmienda permitiría la reelección de quien haya sido presidente por una vez y la sucesión entre presidente y su vice. La enmienda sería luego objeto de un referéndum popular para que la ciudadanía ratifique, o no, la modificación.
No conformes con ello, el grupo de 25 senadores (de un total de 45), entre ellos oficialistas y parte de la oposición, adoptó un proceder insólito: luego de reunirse fuera del recinto del Senado, sin dar ningún aviso a sus colegas, primero proclamó al vicepresidente segundo de los senadores Julio C. Velázquez como su presidente y sucesivamente avanzaron en el cambio del reglamento prescindiendo en ausencia de los demás colegas, de la prensa y del personal encargado de las actas de las sesiones.
Las fotos y hasta los celulares de los 25 legisladores circulan ahora por las redes sociales para que reciban el escarnio público. Desde el martes comenzaron las manifestaciones de protesta con cada vez mayor intensidad bajo la consigna: “No al golpe parlamentario”.
La actual Constitución fue promulgada en 1989, luego del fin de 35 años de dictadura, cuyos efectos todavía se perciben, con una clase política clientelista y corrupta y, en especial, un poder Judicial y Legislativo manejados en modo feudal por los herederos del régimen dictatorial. La norma que impide la reelección tiene el objetivo de impedir la perpetuación en el poder y por ello se expresa en modo categórico.
Por cierto, los sondeos dicen que el 84% de la ciudadanía está a favor de un segundo mandato consecutivo –que es el argumento de los legisladores golpistas–. Pero el “problema” es que la ley no lo permite. Cartes y Lugo bregan por modificar la norma. El segundo cuenta con el mayor apoyo popular (fue destituido en un juicio político en 2013), el primero sufre un rechazo creciente, con un 71% de desaprobación, pero una “corte” servil y su costumbre de comprar votos y personas (algo admitido públicamente por algunos legisladores), le permite seguir con su anhelo de continuar en el poder. “En una democracia manda la mayoría”, es el eslogan de los seguidores de uno y de otro. “No, manda la ley”, responden en coro los demás políticos y ciudadanos. Los apoya el repudio de “manejos pocos claros” expresado por las organizaciones de la sociedad civil, entre las cuales figura la influyente Iglesia católica.
Queda la incertidumbre acerca de cómo se avanzará luego del atropello cometido. La pretensión de los senadores que impulsan el proyecto, además de haber recurrido a un método repudiable, tiene escollos legales enormes. Entre ellos, el del artículo 290 de la Constitución que dispone que para modificar el texto “no se utilizará el procedimiento indicado de la enmienda, sino el de la reforma”.
Pero, por lo visto, para algunos lo que fija la ley no parece ser una cuestión fundamental.
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