Luego de huir de Venezuela, la ex fiscal general y ex integrante del oficialismo presentará la documentación de pagos millonarios en dólares.
Los sobornos de la empresa constructora brasileña Odebrecht, habrían llegado también a Venezuela. La acusación ha sido formulada por la fiscal general venezolana, Luisa Ortega, destituida por la Asamblea Nacional Constituyente instalada violentando el espíritu de la constitución vigente en el país.
Según la acusación que formula Ortega, el presidente Nicolás Maduro y otras altas autoridades han utilizado empresas de España y de México para recibir dinero de la corrupción.
Ortega, quien huyó a Colombia el pasado fin de semana, se encuentra en Brasil, donde participa de un encuentro de fiscales de países sudamericanos, invitada por el fiscal general brasileño, Rodrigo Janot. Consigo, Luisa Ortega llevó una serie de documentos que sustentan sus denuncias y que ha anunciado que compartirá con las justicias de España, Estados Unidos, Brasil y Colombia. Según ella, esas pruebas involucran directamente a Maduro; al número dos del régimen, Diosdado Cabello, y al alcalde del área central de Caracas, Jorge Rodríguez, en el cobro de sobornos.
Diosdado Cabello, sostiene Ortega, habría recibido de Odebrecht 100 millones de dólares, a través de una empresa domiciliada en España, TSE Arietis, a cargo de dos primos del acusado. Cabe señalar que el diario El País no encontró el nombre de la compañía en el Registro Mercantil español. La misma empresa Odebrecht reconoció haber pagado sobornos por ciento de millones de dólares a funcionarios políticos de una docena de países de América latina.
Ortega sostuvo en Brasil que en su país no hay justicia y “es imposible que se investigue ningún caso de corrupción o narcotráfico”, sus investigaciones son uno de los motivos provocaron ser destituida de su cargo y su huida a Colombia. Desde que fue apartada por la Asamblea Constituyente, las amenazas sobre la fiscal se recrudecieron y su casa y su despacho fueron allanados. El actual fiscal general de Venezuela la acusa, a su vez, de corrupción.
Ortega, en su ponencia ante fiscales sudamericanos, instó a no enviar información oficial sobre investigaciones al ministerio público de Venezuela, hoy en manos de su sustituto, el fiscal general Tarek William Saab, porque corren el riesgo de ser destruidos.
En su opinión, la Asamblea Nacional Constituyente está tapando los casos de corrupción en Venezuela y se ha transformado en un instrumento de persecución de los adversarios políticos. Y se incluyó entre los perseguidos.
Tarek William Saab, aportó Ortega a sus colegas presentes, es acusado en seis casos de corrupción y, en palabras de la mujer, su primer acto en el cargo fue pedir los documentos relacionados con esos fraudes para destruirlos.
Los fiscales presentes, de Argentina, Paraguay, Perú, Chile y Uruguay, coincidieron en que la destitución de Ortega fue ilegal.
Luisa Ortega está analizando dónde residir luego de la huida de su país, junto a su marido, un legislador del oficialismo del que ella misma fue integrante hasta que comenzó a levantar críticas contra el régimen. Colombia y Brasil le han abierto sus puertas ofreciéndole asilo político.
