Santiago Maldonado, el último episodio de una triste historia

El doloroso caso de Santiago Maldonado vuelve a poner al descubierto las dificultades que han tenido todos los gobiernos, desde el regreso a la democracia, respecto del uso de la fuerza por parte de las instituciones policiales del país, la capacidad de respuesta de la justicia y de los demás aparatos del Estado.

Endilgar a la actual gestión el resultado de una situación que tiene larga historia, incluso hablando de gobierno genocida, parece a todas luces exagerado, aun cuando a nadie se le escapa la torpeza con la cual se accionó desde la cartera de Patricia Bullrich, y el discutible proceder del primer juez a cargo. La Argentina dispone de fuerzas policiales que oscilan a menudo entre la pasividad total a la reacción salvaje, impropia de cuerpos que disponen del monopolio legal de la fuerza en nombre del Estado.

Nos lo recuerdan los casos de Kosteki y Santillán, muertos por una acción ilegal y violenta de la bonaerense en tiempos del Gobierno de Duhalde. Nadie habló de genocidio ni de dictadura. Fue clave en ese entonces el aporte del fotógrafo de Página12 que publicó las fotos de ese episodio. Vuelve a la memoria el caso de Ezequiel Demonty, al que nueve policías de la Federal torturaron y arrojaron al Riachuelo y quie murió en esas fétidas aguas. La secuencia incluye cientos de casos y pasa por el descabezamiento de numerosas cúpulas de la Bonaerense y de la Federal (¿cuántas?), involucradas en secuestros de personas, narcotráfico y cobro de coimas, con hasta la denuncia de los precios para acceder a una comisaria o a una departamental (¡!), jefes policiales destituidos por tener cuentas en dólares en paraísos fiscales… Incluye la muerte de Mariano Ferreyra, asesinado por sindicalistas armados (una gigantesca contradicción) con la ayuda policial de una zona liberada y el secuestro de decenas de chicas como Marita Verón que no podrían haber desaparecido en la nada sin la connivencia policial. El de Julio López sigue engrosando esta lista, junto con la denuncia de 17 wichis asesinados en Formosa.

La CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), que no es por cierto una institución devota del oficialismo, señala que desde el regreso de la democracia la cantidad de víctimas por la acción policial ha tenido una escalada que no se frena, y no se ha frenado tampoco desde el comienzo del actual gobierno. Entre 250 y casi 300 casos al año en los últimos diez años, dicen que no se trata de un problema actual pero que, por lo demostrado por la muerte del joven Maldonado, tampoco en la actualidad hay muestras de haber sido enfocada correctamente.

El problema de fondo, a entender de quien escribe, es que la democracia no ha conseguido dotarse de aparatos policiales confiables, formados a partir de la protección de los derechos fundamentales y no desde su vulneración, capaces de situar la ley por encima de la escala jerárquica y por completo ajenos al delito. El caso Maldonado es el último y doloroso eslabón de una cadena que incluye políticas pendulares que han oscilado entre el intento de reforma, la resignación ante la situación, la política de meterle bala.

En el caso Maldonado cabe esperar que se avance con la investigación para esclarecer este triste hecho. La autopsia solicitada prudentemente por el juez a cargo, Gustavo Lleral, será posiblemente un caso emblemático en la historia de la medicina forense del país: 55 peritos de todas las partes interesadas, filmación del proceso con dos cámaras, permanentes garantías de equidistancia. Es pare evitar el chapuceo intencional ocurrido, por ejemplo, en el caso de la muerte del fiscal Nisman.

Antes de los resultados finales, no caben las cavilaciones y menos todavía los intentos de utilización política de este caso. Deberá accionar la justicia y tenemos derecho que lo haga aplicando el peso de la ley, sea quien sea el o los responsables de esta muerte. Pero, a no dudarlo, al día siguiente el país seguirá teniendo el desafío de dotarse de fuerzas policiales acordes con un estado democrático y de derecho y de jueces independientes.