Mercedes Aráoz dimitió del cargo al constatar que fue un acto de un Congreso ya disuelto. Se avanza hacia las elecciones anticipadas del 26 de enero.
Aunque sigue grave la crisis institucional que atraviesa Perú, hubo cierta descompresión de la situación luego de que renunciara a su nombramiento la presidenta encargada, Mercedes Aráoz, nombrada por el Congreso. El lunes el presidente Martín Vizcarra utilizó una interpretación de la norma constitucional que lo faculta para disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones. La respuesta de una parte de los legisladores, la mayoría, pero en una sesión de último momento, ha sido la de suspender a Vizcarra nombrando a Aráoz en su lugar, lo que ocasionó una crisis sin antecedentes en el país. Si existen cuestionamientos acerca de la aplicación de la facultad de disolver el Legislativo, el nombramiento de Aráoz tampoco tiene mucho asidero en el plano legal, al haber ocurrido luego de la disolución, por tanto, el acto es nulo por completo.
Aráoz, que hasta el momento era vicepresidenta, ha remitido el cargo a los Legisladores posiblemente al constatar la inviabilidad de la situación, también luego de que las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales han respaldado a Vizcarra. El presidente ha recibido también el respaldo de muchos ciudadanos que se han manifestado al tiempo que las gran parte de las fuerzas política ya están mirando la fecha del 26 de enero, fijada para los comicios electorales.
Las autoridades interpretan que la convocatoria es para finalizar el periodo legislativo, por tanto, los elegidos quedarán en funciones durante un año, ya que la legislatura finaliza en 2021.
La decisión de Vizcarra ocurrió luego de constatar el impasse institucional entre un Congreso dominado por una mayoría opositora que frena todo intento de reforma que permita combatir la corrupción. En particular, el último enfrentamiento ha sido sobre el nombramiento de jueces del Tribunal Constitucional, que la oposición quería realizar con métodos opacos y con el fin de disponer de una mayoría de jueces afines a sus sectores políticos.
Los sondeos, por su parte, indican que más del 80% de los ciudadanos no confía en los legisladores y más del 70% es partidario de ir a nuevas elecciones.
