En medio de protestas seguidas de represión policial, con dos muertos y decenas de heridos y desaparecidos, se suceden en una semana tres presidentes en el país andino. Los jóvenes protagonizan y exigen cambios radicales contra la corrupción generalizada y a favor de la gente.
Perú se despierta sin presidente este 16 de noviembre luego de una crisis comenzada hace una semana con la destitución de Martín Vizcarra y seguida por numerosas manifestaciones populares en defensa de la institucionalidad del país y del bien común.
“Queremos agradecerles a los jóvenes la fuerza de su conciencia, la valentía de su espíritu, la seriedad de su paz, la capacidad de decir las cosas con alegría y esperanza en un mundo donde ellos serán los herederos de esta Nación y del mundo próximo. Y se necesita que les dejemos una herencia de virtud, de amor verdadero, de seriedad. Y que podamos de una vez erradicar del país y del mundo la corrupción y la locura”. Con estas palabras el Arzobispo de Lima, Carlos Gustavo Castillo Mattasoglio, agradecía a los jóvenes por las marchas de esta semana que desembocaron en la renuncia del presidente, Manuel Merino.
¿Pero qué sucedió en estos días, y cómo se llegó a pasar por tres presidentes en una semana?
El lunes 9 de noviembre el Congreso Nacional votó por mayoría calificada la “vacancia” (destitución) del Presidente en función, Martín Vizcarra, luego de que lo declarara “con permanente incapacidad moral o física” (art. 113 della Constitución peruana). Una interpretación sin duda singular del artículo constitucional que, en realidad, se refiere a una situación de grave enfermedad que lo incapacite para gobernar o al fallecimiento del mismo. No era absolutamente el caso de Vizcarra que está muy bien de salud, acusado en cambio, de irregularidades sucedidas durante sus años de gobernador de la región de Monquegua (2010-2014). Denuncias que deberán ser acogidas por la Justicia, siguiendo los procedimientos legales para investigar, procesar y sancionar eventualmente al Presidente, en conformidad con la Constitución.
La gente reaccionó con inmediatez, saliendo a protestar a las calles de todo el país. Y fueron los jóvenes, miles de jóvenes, quienes lideraron la protesta pacífica con los hastag #MerinoNoNosRepresenta, #NoEsPor Vizcarra,EsPorNosotros, #SeEquivocaronDeGeneración… Lamentablemente, la represión policial, usando gases lacrimógenos y lanzando perdigones, causó la noche del sábado dos muertes, un centenar de heridos (también entre la policía) y decenas imprecisas de desaparecidos (hasta el momento en que escribo). Luego de estos hechos de violencia, 13 de los 18 ministros del gobierno del Presidente interino presentaron su renuncia el mismo sábado.
El domingo, 15 de noviembre, la presión popular logró obtener la renuncia “irrevocable” de Manuel Merino, luego de sólo 5 días de ejercer su función como presidente del país, amenazado también por el Congreso dispuesto a destituirlo del mismo modo en que lo había elegido. Una situación más que intrincada. “Quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República e invoco a la paz y la unidad de todos los peruanos. Mi compromiso es con el Perú y haré el mayor de mis esfuerzos en garantizar la sucesión constitucional que el Congreso determine. El Perú merece seguir adelante”, afirmó Manuel Merino.
¿Cómo sigue esta situación tan engorrosa? El premio Nobel Vargas Llosa propuso que se elija a una persona con probada autoridad moral para cubrir los cinco meses que nos separan de las elecciones, previstas para el 11 de abril del 2021. Una propuesta que, sin embargo, no es tenida en cuenta. Mientras escribo, la nueva Mesa Directiva que tiene a su cargo la dirección administrativa del Congreso está eligiendo nuevos miembros, de los que debería surgir el próximo presidente interino. Sería el tercero en siete días. Elegido por el mismo Congreso que destituyó al presidente constitucionalmente legítimo.
Pareciera que el pueblo se espera otra cosa. Pareciera que la clase política no hubiese recibido las claras señales lanzadas por la sociedad y, en especial, por los jóvenes, pidiendo que se vuelva a la institucionalidad del país, que se responda por los actos de violencia, por los dos jóvenes muertos y un centenar de heridos, y que aparezcan lo más rápido posible los más de 40 jóvenes que aún permanecen desaparecidos.
Cualquier otra solución que la clase política (el Congreso) proponga, probablemente no podrá evitar la vuelta a la calle y a las protestas. Es de esperar que antes que esto suceda, los congresistas escuchen el clamor del pueblo, acepten los errores cometidos y devuelvan la institucionalidad al país.
