Las investigaciones llegan al Fiscal de la Nación, del que se pide la remoción. Lo defiende el fujimorismo, beneficiado por la red de tráfico de influencias.
La crisis por corrupción que afecta el sistema judicial pero también a los partidos políticos, y que estalló en junio con la difusión de audios que involucran a la cúpula del Poder judicial en colusión de criminales y en tráfico de influencias, está indicando una trama de intereses espurios en torno a los poderes del Estado.
Las investigaciones relativas a la red delictiva llamada “Cuellos blancos del puerto”, señalan también al fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarry, como parte de ella, según revelaciones periodísticas. Hasta el momento, han sido acusados, investigados, y arrestados jueces supremos, jueces superiores, fiscales, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que han sido destituidos en su totalidad, además de involucrar a empresarios y políticos.
Las últimas escuchas telefónicas vinculan a bandas de narcotraficantes que actúan en el puerto del Callao, cerca de Lima, con jueces, empresarios y políticos. Había un tráfico de sentencias y nombramientos prevaricadores de jueces y fiscales en varias regiones del país.
Chávarry, como fiscal de la Nación, no investigó al juez supremo César Hinostroza, a la cabeza de la red. Las conversaciones entre los dos explican por qué se inhibió. Hay, además, denuncias constitucionales contra ambos.
Pero el escándalo incluye su componente política. La oposición liderada por Keiko Fujimori, tiene mayoría en el Congreso de Perú, y se opone a la iniciativa del presidente Martín Vizcarra dispuesto a luchar contra la corrupción. La excusa es el pretendido populismo del mandatario en el tema, pero la realidad dice que varios de los investigados han tenido contactos e intereses comunes con Fujimori. En julio, ante el escándalo, los legisladores removieron a los miembros del CNM y Vizcarra propuso un referéndum para modificar la Constitución respecto del nombramiento de los miembros de ese colegiado, para que sea por concurso de méritos. El partido de Fujimori, en cambio, pretende aplicar un mecanismo de designación parecido al actual. La líder conservadora, además, sostiene que Chávarry “debe continuar al frente de la Fiscalía” sosteniendo que las acusaciones son mentiras.
Vizcarra responde que la oposición y las resistencias a los cambios no doblegarán su lucha contra la corrupción. El tráfico de influencias ha beneficiado a dirigentes del partido de Fujimori (Fuerza Popular), acusado de lavado de dinero. Mientras el fujimorismo defiende el sistema para evadir la justicia, el 74% de la ciudadanía espera que sean separados los corruptos.
