Las maniobras fiscales realizadas para maquillar las cuentas públicas no son un delito y tampoco fueron préstamos que necesitaran autorización del Congreso.
Para el Ministerio Público Federal de Brasil, las “pedaleadas fiscales” utilizadas por el Gobierno de Dilma Rousseff y que son la base del proceso de impeachment que ha apartado a la presidenta de su función, no constituyen delitos comunes. El fiscal de la República del Distrito Federal, Iván Claudio Marx pidió archivar la investigación abierta para verificar un eventual delito cometido por el Ejecutivo de la mandataria apartada, según un parecer emitido ayer. Los argumentos del Ministerio Público coinciden, además, con los que presenta Rousseff en su defensa.
El fiscal analizó seis tipos de maniobras fiscales realizadas por el Gobierno, oyó a miembros del equipo económico, analizó las auditorias del Tribunal de Cuentas de la Unión y estudió documentos de las operaciones. De acuerdo con el análisis, no se trata de maniobras que configuren el concepto legal de operaciones de crédito o de préstamo, por los que no era necesario solicitar la autorización del Congreso, según informa el diario Estadao.
Sin embargo, el fiscal concluye que las maniobras apuntaron a maquillar las cuentas públicas, sobre todo en 2014, lo que se configuraría como una irregularidad administrativa, un ilícito civil. El Gobierno no realizó los pagos en las fechas establecidas, incumpliendo los contratos con los bancos, pero al mismo tiempo en algunos casos los retrasos eran previstos legalmente, por lo que no se puede hablar de préstamos encubiertos.
El fiscal, utilizando al proprio Tribunal de Cuentas, también señaló que este tipo de irregularidad ha sido cometida desde el año 2000 regularmente sin que las autoridades de control las cuestionara, por lo que en ese caso o se responsabilizan a todos los que la practicaron o a nadie.
