Lesbia Janeth Urquía se oponía a la construcción de represas en los ríos de la región.
Cuatro meses después del asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, en la tarde de ayer fue encontrada muerta otra activista, Lesbia Janeth Urquía, en la localidad de Marcala, departamento de La Paz, Honduras.
Urquía, de 49 años, madre de tres hijos y empresaria, era una activista del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH) desde 2009, cuando se verificó el golpe de Estado. La activista se oponía a la construcción de represas sobre los ríos de su departamento.
El pasado lunes en Marcala se realizó una jornada convocada por el Gobierno, con el apoyo de las Naciones Unidas, en el que se abordó el anteproyecto de la Ley Marco de Consulta Libre, Previa e Informada a los pueblos indígenas y afrohondureños. Las consultas se está realizando en varias localidades del departamento.
En un comunicado, el COPINH denuncia la responsabilidad de las autoridades públicas en el asesinato de Urquía, en especial a la vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López y a su esposo Arnold Castro quienes serían promotores de la realización de represas sobre los ríos de la región y, además, solicitaron al presidente de Honduras, Juan Hernández, suspender la consulta. Es muy posible que el asesinato de la activista haya pretendido intimidar a la población local.
Varias organizaciones defensoras de los derechos de las comunidades locales denunciaron que no hubo apoyo de la policía nacional para el desarrollo de la consulta, al tiempo que las autoridades educativas se negaron a prestar las escuelas como centros de votación para la consulta.
