Entre 1.500 y 2.000 efectivos militares, policiales y milicias parapoliciales atacaron a los rebeldes de la ciudad situada a 36 km de la capital.
Luego de retomar, a sangre y fuego, el control de la Universidad Nacional de Managua, esta vez el gobierno de Nicaragua volvió a tomar el control de la ciudad de Masaya tras un bombardero de más de siete horas, realizado sobre la comunidad indígena de Monimbó, y que dejó al menos tres muertos.
“Cayó Masaya, todo está en silencio, los chavalos debieron abandonar las trincheras y huir, sus armas eran demasiado pesadas”, lamentó una integrante del Movimiento 19 de Abril Masaya.
La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) confirmó la muerte de al menos tres personas durante el ataque: un policía, un menor de 15 años y una mujer que fue encontrada en el suelo de su casa. La ANPDH cree que el número de víctimas podría ser mayor, pero todavía no es posible ingresar a la ciudad porque permanece cercada por las “fuerzas combinadas” del gobierno, integrada por unos 1.500 a 2.000 entre efectivos militares, policías, antimotines, parapolicías, paramilitares y grupos afines al presidente Daniel Ortega fuertemente armados.
Masaya es una localidad conocida como la capital del folclore nicaragüense, situada a 35 kilómetros de la Managua. Allí se encontraba uno de los bastiones de la resistencia nicargüense que se opone a la continuidad en el poder del presidente Daniel Ortega y su esposa, vicepresidenta, Rosario Murillo. Antes del jueves, cuando se cumplirá un nuevo aniversario de la revolución sandinista, hace 39 años, toda resistencia debe ser eliminada. La ciudad se distinguió en el pasado por su resistencia al régimen del dictador Anastasio Somoza.
La comunidad internacional ha intensificado este lunes la presión sobre el Gobierno de Nicaragua para que cese la represión y desarme a los paramilitares después de casi 300 muertos durante tres meses de protestas exigiendo la salida del poder del presidente Daniel Ortega. Ya son 13 los países latinoamericanos que, junto con el secretario general de la ONU y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, que pidieron al Ejecutivo de Ortega el fin de la represión de las manifestaciones de protesta.
