El ex director ejecutivo de la empresa brasileña en el país aportó datos sobre el mecanismo de pago a cuatro ex mandatarios.
Las investigaciones del caso Odebrecht avanzan y esta semana el ex director ejecutivo de la empresa constructora brasileña en Perú, Jorge Barata, confirmó el uso de fondos de una contabilidad paralela para financiar las campañas electorales de los ex presidentes Alan García (2006), Ollanta Humala (2011) y Pedro Pablo Kuczynski (2016).
La semana pasada, antes de ser detenido, García se quitó la vita disparándose con una pistola. Humala, por su parte, ha estado en prisión preventiva varias semanas, y sobre Kuczynski está pendiente una orden de prisión preventiva de hasta tres años. El último se encuentra internado por una dolencia cardíaca.
Hubo pagos cuantiosos, unos 27 millones de dólares, también para el ex presidente Alejandro Toledo, cuando ya no era mandatario, en momento en que volvió a disputar la presidencia. Una parte de éstos fueron precisamente para su campaña.
Odebrecht ha pactado con el Estado peruano pagar una reparación de 183 millones de dólares a cambio de colaborar con las investigaciones indicando cómo se llevó a cabo la red de sobornos, por lo que lo declarado por Barata entra en el marco de este acuerdo. Junto con deudas impositivas e intereses la empresa se ha comprometido en abonar 228 millones de dólares. Los investigadores han entrado en posesión de documentos que confirmarían el pago de 100.000 dólares para Alan García, que habría traficado influencias para la realización de una línea de la Metro de Lima, lavado dinero y coludido con la empresa. En este caso, como en los pagos recibidos por Toledo, hubo de por medio testaferros que recibieron el dinero, incluso en cuentas de paraísos fiscales como Andorra.
Los investigadores enfrentan una tarea delicada, ante las protestas de sectores políticos que juzgan como excesivas las medidas de prisión preventiva aplicadas. En el caso específico del ex presidente Kuczynski, de 81 años, incluso el actual presidente, Martín Vizcarra, manifestó sus dudas sobre la necesidad de dictar tres años de prisión preventiva. Hay un fuerte respaldo popular a los fiscales en un proceso de lucha abierta contra la corrupción en el país.
