Las compañías aéreas deberán verificar la existencia de cargos pendientes con la justicia del país de origen. Los viajeros en esta situación no serán admitidos en la Argentina.
El Gobierno avanza en la aplicaciones de medidas que incrementan los controles migratorios. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, presentó el nuevo sistema por el que las compañías áreas deberán recopilar la información previa sobre todo pasajero que entre o salga de Argentina.
El sistema de Información Anticipada de Pasajeros (API por sus sigla en inglés) apunta a determinar si una persona que ingresa o egresa de la Argentina es requerida por la Justicia local o su país de origen.
La nueva modalidad, que se comenzó aplicar a partir de este jueves, prevé que los viajeros indiquen a las líneas aéreas su nombre completo, sexo, fecha de nacimiento, nacionalidad, país de residencia, fecha de vencimiento del documento de identidad y país de emisión, dirección de destino. La información será contrastada luego con un sistema de información de Interpol por las autoridades argentinas para detectar casos de extranjeros que tengan pedido de captura en el país o en otro y actuar en consecuencia.
La norma no alcanzará a los ciudadanos argentinos, residentes permanentes legales o extranjeros residentes, se informó oficialmente. La medida ya se utiliza en varios países del mundo, como Canadá, Estados Unidos, España, México, Francia, Japón o Brasil. En el caso de países como Canadá, la mera presencia de antecedentes penales, incluso el manejo en estado de ebriedad, pueden ser motivos de no aceptación en el país, de no ser que previamente el viajero no haya tramitado un documento que lo rehabilite.
El objetivo de la medida del Gobierno argentino apunta a agilizar los trámites migratorios y también tener información precisa de quiénes ingresan y egresan del país. El Ejecutivo quiere de este modo evitar el ingreso de infractores de la ley. En el momento en que aparezcan cargos pendientes con la justicia, habrá una comunicación con las autoridades judiciales del país que lo requiere y se intervendrá según los protocolos existentes.
Según el ministerio del Interior, la misma aerolínea que no verificó los antecedentes del pasajero, deberá hacerse cargo del costo de regresarlo a su país de origen. Para ello se dispone la obligación para el Poder Judicial de notificar a la Dirección Migraciones todo auto jurisdiccional que atribuyan responsabilidad penal y de toda condena por delito penal contra un extranjero, lo que permitirá que, en simultáneo con el proceso judicial, el Gobierno esté en condiciones de iniciar el acto para la expulsión.
