Jimmy Morales será sometido una vez más a un antejuicio por denuncias de fondos ilícitos de su campaña electoral. Decidirá el Poder Legislativo.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala conoció y dio trámite a las solicitudes de retiro de inmunidad contra el presidente Jimmy Morales y la diputada Nineth Montenegro, por sospechas de financiamiento electoral ilícito.
Desde ayer, los procesos de antejuicio toman caminos diferentes. El antejuicio contra Morales va al Congreso, donde diputados deberán conformar una comisión pesquisidora elegida por sorteo para que conozca la investigación del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) y escuchar la defensa del presidente, para luego enviar un informe al pleno donde deberá recomendar si el gobernante debe o no mantener la inmunidad. El futuro de Morales quedará en manos de los diputados.
En el caso de Montenegro, el expediente debe ser conocido por un juez investigador, quien deberá escuchar al MP, la Cicig y a la propia legisladora a fin de elaborar un informe que recomiende o no el retiro de inmunidad.
De acuerdo con la investigación, Morales, cuando en 2015 era candidato presidencial y secretario general del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), recibió aportes que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE), lo que, según lo investigado es un ilícito de financiamiento electoral ilícito.
Este es el segundo proceso de antejuicio del MP y Cicig contra Morales. El 25 de agosto de 2017 Morales fue denunciado por el mismo delito y el caso llegó hasta el Congreso, donde la solicitud del retiro de la inmunidad fue rechazada y archivada por 104 votos de diputados en contra y solo 25 a favor, el 12 de septiembre de 2017.
La diputada Montenegro, que es también secretaria general de Encuentro por Guatemala (EG), es señalada en una investigación porque el partido incumplió con el plazo para entregar a la Inspección General del TSE los estados financieros del último semestre de 2015. La denuncia la interpuso el propio TSE el 13 de diciembre de 2016. Debido a que la información no llegó puntual, no fue posible establecer el origen de algunos fondos recibidos. Faltaría en la cuenta el arriendo de materiales de campaña por 10 mil dólares, más otros valores por miles de dólares que no aparecen en la rendición contable.
La diputada sostiene que, en cambio, todo se hizo en tiempo y forma y acaso puede haber algún error administrativo y que, en el caso del arriendo de material, alguien lo hizo sin avisar a los órganos partidarios.
Por su parte, el fical de Delitos Electorales, dijo que, con base en los hallazgos de la investigación, el tribunal pedirá la cancelación del partido, tal como lo ha hecho con FCN Nación, el partido de gobierno.
