La Iglesia está mediando para poner fin a la violencia y promover una mesa de diálogo. Pero el Gobierno ha aceptado solo uno de los cuatro requisitos.
La iglesia de Nicaragua se ha convertido en una suerte de árbitro para encontrar una salida a la profunda crisis política y social que vive el país centroamericano derivada en enfrentamientos que han provocado la muerte de al menos 53 personas. Este lunes los obispos de la Conferencia Episcopal pusieron fecha al inicio de un diálogo nacional que nace en un clima de incertidumbre, debido a que el presidente Daniel Ortega aceptara solo uno de los cuatro requerimientos formulado por la Iglesia iniciar las negociaciones. “Las circunstancias para dicho diálogo no son las más idóneas”, para allanar un camino que permita al país acceder a un sistema realmente democrático.
Los obispos han reclamo ante todo el cese de la represión contra las masivas manifestaciones que de forma pacífica exigen el fin del régimen, luego de once años de Ortega en el poder. También solicitaron “suprimir” los “cuerpos paramilitares” y las “fuerzas de choque” del Gobierno, no usar a la Policía nacional en acciones represiva. Otro importante requerimiento es que los empleados públicos dejen de ser obligados a asistir a iniciativas partidarias oficialistas. Estos tres requerimientos no fueron aceptados por el presidente Ortega, que solo aceptó la condición de permitir la llegada de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigue los hechos violentos ocurridos.
Entre el sábado y el lunes hubo más enfrentamientos, en varias localidades con un muerto y varios heridos. Los obispos han convocado a actores de la sociedad civil para abrir un diálogo ante la necesidad de abordar “estructuralmente el tema de la institucionalidad del país con el objetivo de ir allanando el camino hacia una democratización”.
Desde varios sectores se exige la dimisión inmediata del presidente, pero otros proponen una salida más institucional y menos caótica, que incluya reformas al Estado, adelanto de elecciones y la garantía de que Ortega ni esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, podrán participar al proceso electoral ni condicionarlo. Para muchos, la salida de la crisis es un paso al costado de Ortega antes de que se cumpla su mandato, en 2021. La alternativa a un importante proceso de cambio, es aferrarse al poder con el riesgo –evidenciado en estos meses– de que la situación derive en ulteriores enfrentamientos. Una verdadera paradoja por un Jefe de Estado que se presenta como cercano a los valores cristianos.
