La casa farmacéutica ha sido condenada por causa de perjuicio público, contribuyendo a la epidemia de adicciones que han provocado 6 mil muertes.
No se conoce mucho de la ola de adicciones derivada del opio que está sacudiendo a la población de los Estados Unidos, contenidos en medicamentos comercializados legalmente pero que tienen igualmente efectos como las drogas prohibidas. Las sobredosis han provocado decenas de miles de muertes en todo el país en estos años.
El juez de distrito del condado de Cleveland, Thad Balkmam, condenó al grupo farmacéutico estadounidense Johnson & Johnson (J&J) a pagar más de 572 millones de dólares para reparar los daños causados por el uso de opioides en medicamentos que han provocado más de 6 mil muertes en 20 años.
El tribunal consideró la responsabilidad de la empresa en la crisis de los opioides que registra el estado de Oklahoma y que según afirmó el magistrado en su sentencia “ha devastado al estado de Oklahoma y debe reducirse de inmediato”.
En 40 estados del país hay reclamos contra las casas farmacéuticas y más de 2 mil ciudades han suscrito una demanda federal por el uso de opioides en medicamentos que en el país han provocado una verdadera epidemia de adicciones. Según datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, las sobredosis relacionadas con los opioides provocaron más de 47.000 muertes en 2017, de las cuales un 36% incluye drogas que habían sido suministradas con receta médica. En definitiva, estos medicamentos actúan como drogas y al ser legales son de fácil acceso por parte de la población, por un lado, bajando el umbral de tolerancia a los malestares físicos que provocan sensaciones dolorosas, y por otro son de uso común como estupefacientes, sin los peligros que supone comprar un opioide como la heroína. Buena parte del opio que es usado para ese fin, es producido ilegalmente en países como Afganistán, donde una mitad de esta cosecha es adquirida ilegalmente por las casas farmacéuticas para producir medicamentos.
El fiscal general de Oklahoma, el republicano Mike Hunter, había presentado una demanda en 2017 contra tres grandes farmacéuticas -J&J, Purdue Pharma y Teva- acusándolas de causar un perjuicio público al inundar el estado con opioides sin informar con exactitud sobre el riesgo de adicción a esos fármacos. Hunter denunció que en Oklahoma esto ha causado más de 6 mil muertes. De acuerdo a documentos judiciales citados por algunos medios locales, el número de recetas de opioides dispensados por las farmacias de ese estado llegó a 479 por hora en 2017.
J&J ha negado las acusaciones y su abogado, John Sparks, cuestionó la aplicación de la ley de “perjuicio público” hecha por los fiscales de Oklahoma y argumentó que las autoridades estatales habían “malinterpretado” la ley. Las otras dos compañías farmacéuticas acusadas por Oklahoma, Purdue Pharma y Teva, alcanzaron sendos acuerdos extrajudiciales con las autoridades locales por un valor de 270 millones de dólares y 85 millones, respectivamente, para evitar el juicio, lo que implícitamente, es una admisión de culpa. Los recursos económicos abonados por las compañías se destinarán a financiar la investigación y el tratamiento de la adicción en Oklahoma y al pago de los gastos legales de la contienda.
