Hasta ahora era vicepresidente primero y oficiaba como embajador en Canadá. El suyo se anuncia como un gobierno débil.
Martín Alberto Vizcarra Cornejo asume este viernes como presidente de Perú ante el pleno del Congreso tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski para evitar ser destituido por incapacidad moral de ejercer el cargo.
Vizcarra era hasta hoy vicepresidente primero con funciones de embajador del país ante Canadá. Tuvo que regresar apresuradamente a Perú ante los acontecimientos.
Si bien al llegar manifestó “Fe y optimismo, el Perú siempre puede salir adelante”, Vizcarra asume la continuidad de un mandato en circunstancias para nada fáciles. No contará sino con una menguada bancada de legisladores, una docena, en un Congreso dominado por los fujimoristas de Fuerza Popular, cuya líder, Keiko Fujimori, protagoniza con sus familiares un drama con perfiles shakesperianos: no quería el indulto que concedió la prisión domiciliaria a su padre, Alberto Fujimori, ex presidente condenado a 25 años por delitos de lesa humanidad, por temor a que le disputara su liderazgo político. Está enfrentada a su hermano Kenji, quien en cambio operó para conseguir el beneficio para su padre incluso dando la espalda a Keiko y a su partido. Las negociaciones con Kuczynski para conseguir este resultado irritaron a opositores y aliados del ya ex presidente y, junto con varios otros escándalos lo llevaron a renunciar antes de que el Congreso lo destituyera.
Precisamente los escándalos de la vinculación de Kuczynski con la empresa brasileña Odebrecht y la tentativa de comprar votos para salvarse, una vez más de la destitución, han provocado protestas en Lima de miles de ciudadanos que están hartos de ver instalada la corrupción al más alto nivel. Desde Alberto Fujimori en adelante, todos los presidentes de Perú han sido arrestados, procesados o indagados por hechos graves de corrupción.
Si bien la economía peruana sigue en crecimiento, modesto, pero constante desde hace casi dos décadas, es evidente que para hacer negocios en el país es necesario encontrar apoyos políticos o en la función pública. Eso suma a las instituciones en una crisis profunda de credibilidad. Las propuestas para salir de este atolladero son varias: desde convocar a elecciones anticipadas a una profunda reforma institucional convocando una asamblea constituyente que, en paralelo con la actividad legislativa ordinaria, redacte un nuevo pacto social, con las debidas garantías de transparencia para erradicar la corrupción.
Habrá que ver si será posible embocar una salida de este túnel.
