El Gobierno israelí y la municipalidad capitalina promueven una comisión que abra un diálogo sobre exenciones impositivas.
Ante la protesta de las Iglesias cristianas, las autoridades de Jerusalén han dado este martes marcha atrás a las polémicas medidas legales y fiscales que este fin de semana provocaron el inédito cierre de la basílica del Santo Sepulcro.
La clausura el pasado domingo del templo –el lugar más sagrado de la Ciudad Santa para la cristiandad, donde la tradición sitúa la crucifixión, muerte y sepultura de Jesucristo– representa una decisión sin apenas precedentes. Los líderes de las comunidades ortodoxa, armenia y católica adoptaron la medida ante un proyecto de legislación israelí que intenta expropiar bienes inmuebles de las iglesias y por la imposición de tasas con la pretensión de cobros retroactivos por millones de dólares. Desde la fundación del Estado judío hace 70 años, los bienes de las instituciones religiosas han estado exentos.
El Gobierno israelí anunció que las medidas fiscales –que incluían el bloqueo de las cuentas bancarias– han quedado sin efecto, a la espera de que se negocie con los líderes cristianos una solución al contencioso. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, y el alcalde de Jerusalén, Nir Barkart, han designado una comisión presidida por el ministro de Cooperación Regional, Tzachi Hanegbi, para que abra un proceso de diálogo.
Centenares de manifestantes recorrieron poco después las calles del barrio cristiano de la Ciudad Antigua de Jerusalén y se concentraron ante las puertas cerradas del Santo Sepulcro para exigir su inmediata reapertura. Los delegados de las distintas confesiones se reunieron anoche para dar una respuesta oficial al comunicado de las autoridades. “Después de la constructiva intervención del primer ministro, las iglesias esperamos participar con el ministro Hanegbi y con todos aquellos que aman Jerusalén, para asegurar que nuestra Ciudad Santa, donde nuestra presencia cristiana enfrenta desafíos, siga siendo un lugar donde las tres religiones monoteístas puedan vivir y prosperar juntas”, rezaba su comunicado, en el que anunciaban que el templo reabrirá sus puertas a las cuatro de la madrugada de este miércoles.
La municipalidad de Jerusalén pretende cobrar sumas retroactivas por unos 160 millones de dólares. Sostiene que la exención actualmente abarca incluso actividades comerciales, como hoteles y otros negocios. Los representantes de las principales comunidades cristianas responden que se trata de un statu quo respetado a lo largo de siglos. Las exenciones fiscales permitieron financiar el mantenimiento de colegios y obras sociales que benefician a los más desfavorecidos. Los líderes también sospechan que se pretende asfixiar económicamente a las iglesias “encargadas de mantener la presencia cristiana en Jerusalén”, como denunciaron el domingo en un comunicado. Más de 350.000 cristianos han abandonado Tierra Santa desde el plan de partición de la Palestina histórica aprobado por Naciones Unidas en 1947.
