No parece ser una buena idea reformular el orden democrático previsto por la Carta Magna en medio del actual enfrentamiento entre chavismo y oposición.
¿Habrá modo de negociar soluciones para la crisis de Venezuela? Ni el régimen chavista, ni la oposición parecen dispuestos a transitar un camino viable, pese a los auspicios del Papa Francisco que en estos días ha recalcado la necesidad de un pacto entre las partes contrapuestas. La Iglesia católica, cabe recordarlo, ha sido convocada en el proceso de diálogo entre chavismo y oposición, aunque los resultados hasta ahora han sido escasos.
La decisión del presidente Nicolás Maduro de convocar una asamblea constituyente se presenta como un nuevo intento de franquear el obstáculo principal para el chavismo que es, paradojalmente, el voto popular al que pretende someterse.
La oposición vio primero frustrado un intento de someter el mandato de Maduro a revocación por la vía del referéndum popular. Las condiciones impuestas por las autoridades electorales, forzando la norma constitucional, no lo permitieron. Luego, el presidente suspendió las elecciones locales y se negó a acceder a la propuesta de elecciones presidenciales anticipadas.
Claramente, Maduro teme el veredicto de las urnas luego de la derrota electoral del año pasado que permitió a la oposición controlar la Asamblea Legislativa a través de una amplia mayoría. Si ésta última no alcanzó los dos tercios de las bancas fue por la intervención del Supremo Tribunal que cuestionó la elección de tres diputados.
Ayer Maduro realizó el anuncio de “la convocatoria al poder constituyente originario, al proceso popular constituyente para lograr la paz, para vencer el golpe de Estado y para perfeccionar el sistema económico, social y político del pueblo”. Señaló que quiere que las llamadas misiones o programas sociales se integren a la Carta Magna.
El artículo 247 lo faculta para convocar una asamblea constituyente, así como podrían hacerlo los dos tercios de la Asamblea Legislativa, o de los Consejos Municipales reunidos en cabildo, y también el 15% de los inscritos en el padrón electoral. La Carta Magna no señala cómo conformar dicha Asamblea y el presidente informó que “en las próximas horas” le hará llegar al Poder Electoral “las bases electorales de esta convocatoria”, indicando que “va a ser una Constituyente electa con voto directo del pueblo para elegir a unos 500 constituyentes aproximadamente, unos 200, 250 electos por la base de la clase obrera, de las comunas, de las misiones, de los indígenas”. La oposición llama a “desconocer” la convocatoria.
De entrada, una mitad de los miembros de la Constituyente estaría integrada por los sectores afines al chavismo, lo que deja entender que el objetivo es evitar la traba de un Legislativo controlado por la oposición. Maduro en su anunció calificó de “sabia” la Carta Magna vigente desde 1999, y no se explicaría mucho esta idea de reformarla tan solo 18 años después de adoptarla si no fuera por tratar de cambiar las reglas del juego en una circunstancia políticamente adversa.
Una Constitución es fundamentalmente el pacto con el cual las diferentes componentes políticas y sociales de un país deciden construir el orden democrático y sentar las bases para la convivencia. Su legitimidad depende también de la amplitud de los consensos en torno a sus principios. Por tanto, no parece ser una buena idea, en un país prácticamente dividido en mitades y fuertemente polarizado, que una mitad imponga una nueva Carta Magna.
En varios de los enfrentamientos de este año, entre oposición y chavismo, apareció claro que las dos formaciones no manejan con soltura las cuestiones jurídicas, para decirlo suavemente. Primero, los legisladores intentaron poner en marcha un juicio político contra el presidente sin advertir que la Constitución no contempla tal posibilidad; luego, a fines de marzo, el Supremo Tribunal intentó asumir las funciones del Legislativo en una burda violación del principio de separación de los poderes, y tuvo que dar marcha atrás cuestionado en lo jurídico desde las propias filas chavistas. En ambos casos, desde lo político, las dos partes no se muestran disponibles a reconocer la existencia de una corriente política adversaria representante de un parte sustancial del país. En un contexto así, parece difícil que se pueda lograr un acuerdo básico para afrontar los problemas económicos y sociales que mantienen Venezuela sumida en una larga crisis.
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