La condena fue reducida de 12 a 8 años y diez meses. En fase de apelación los jueces le aplicaron una pena mayor, la que fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia.
El Tribunal Superior de Justicia de Brasil ha reducido la pena de 12 años aplicada al ex presidente Inacio Lula da Silva por el caso Lava Jato. El descuento reduce la prisión a un total de 8 años y 10 meses. Considerando que hace más de un año que el líder político está purgando la prisión, en el próximo septiembre Lula podría acceder al beneficio de la semi libertad o de prisión domiciliaria. El problema es que hay una segunda condena a otros 12 años que podría verse ratificada en segunda instancia por los jueces de apelación a los que ha recurrido el ex presidente.
Lula está preso en dependencias de la Policía Federal de la ciudad de Curitiba (sureste) desde abril del año pasado. Es una de las pocas victorias obtenidas por la defensa del fundador del PT desde el inicio de los procesos contra el expresidente en el marco de las investigaciones del gigantesco sistema de coimas denominado como el caso Lava Jato. Otros pedidos de los abogados de Lula en el recurso analizado este martes por la quinta sala del Tribunal fueron denegados, como por ejemplo la nulidad del proceso, la remisión del caso a la Justicia Electoral, entre otros.
El entonces juez Sergio Moro –hoy devenido ministro de Justicia del Gobierno de Jair Bolsonaro– sentenció a Lula a nueve años y seis meses por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero, pena que fue posteriormente ampliada a 12 años y un mes por un Tribunal Regional Federal.
La pena que ahora se reduce es por el llamado caso del triplex en el que los jueces concluyeron que Lula recibió un apartamento de tres pisos en una playa del litoral de São Paulo como un soborno de la constructora OAS, beneficiaria de contratos de la petrolera pública Petrobras. La otra condena recibida por Lula se refiere al caso Atibaia, donde se lo acusa de beneficiarse de las obras de reforma que varias constructoras hicieron en una finca de ese nombre, en el interior de São Paulo. Los jueces que aplicaron el descuento de la pena, consideraron que el aumento de la pena hecho por el tribunal regional en segunda instancia no tiene cabida en el Código Penal.
