Por 6 votos contra cinco, el Supremo Tribunal Federal de Brasil no dio lugar al habeas corpus presentado por el ex presidente y deberá cumplir con la condena.
No son muchos los países en el mundo donde una sesión plenaria del máximo órgano de la Justicia sea transmitida en directo durante unas 12 horas. Pero ayer Brasil asistió al debate jurídico (y no solo) que terminó decidiendo por rechazar el habeas corpus del ex presidente Inacio Lula da Silva y por tanto abriendo la posibilidad de que sea encarcelado. Se estima que esto ocurra pronto, aunque la defensa del ex presidente está segura que Lula no quedará tras las rejas por demasiado tiempo, puesto que dispone de una batería de excepciones a disposición.
El Supremo Tribunal Federal (STF) sentenció por 6 votos contra 5, y con el empate resuelto por la presidenta del mismo, que el ex presidente debe comenzar a cumplir la pena de 12 años y 1 mes dictada en segunda instancia y que lo condena del delito de corrupción. Pero ayer los jueces supremos no entraron en el fondo de la cuestión, si es o no culpable el acusado. El tema a dirimir era si tenía derecho a completar todas las instancias previstas por el sistema de Justicia de Brasil y purgar la condena cuando la sentencia fuera definitiva.
A favor estaban los jueces que sostienen que la norma de 2016 aplicada por la jurisprudencia del STF dispone que se debe comenzar a cumplir la pena una vez que ésta haya sido confirmada en segunda instancia. Lula no puede ser una excepción siendo un ciudadano como cualquier otro y, además, no cuenta en este momento con fueros especiales ni privilegiados. El argumento de estos jueces es que, de lo contrario, saltaría por los aires el entero sistema de justicia, puesto que antes de que se cumplan las cuatro instancias posibles, nadie terminaría en prisión.
Los cinco jueces que votaron a favor del habeas corpus sostienen exactamente lo contrario. Hasta no haber una sentencia definitiva, y ésta es cuando se hayan agotado todas las instancias, es un sistema primitivo el que encarcela a un potencial inocente, por más que haya sido condenado.
Es imposible no considerar las consecuencias políticas de esta decisión. Al ser encarcelado, Lula pierde la posibilidad de ser candidato presidencial de su partido (PT), y por el momento los sondeos lo perfilan como el que más intenciones de voto recoge. Desde la derecha se aplaude a la decisión, también porque elimina a un hábil y experimentado adversario en beneficio del evangélico Jair Bolsonaro, un nostálgico de la dictadura portador de posturas religiosamente fundamentalistas que hoy recoge el 20% de la intención de voto.
No está dicha la última palabra respecto del destino judicial de Lula. Pero la circunstancia obliga al PT y a sus seguidores a rever su estrategia electoral que posiblemente ya no podrá contar con alguien que fue presidente durante dos mandatos. Son los efectos del gigantesco y complejo escándalo por corrupción que ha salpicado a decenas de políticos y empresarios, y que llega –frenado con todas las herramientas disponibles– hasta los más altos cargos del país, incluyendo al actual presidente Michel Temer. Y lo más dramático, no se avizora todavía que el sistema político del país haya comprendido la necesidad de reformarse y erradicar de su propio seno la mala hierba de la corrupción.
