El gobierno pretende realizar exploraciones en la Reserva de Flora y Fauna de Tariquia, territorio que colinda con la Argentina.
Luego de las protestas por el proyecto de una ruta vial que, desde Brasil, debería cruzar el área protegida del TIPNIS, un nuevo conflicto ambiental aparece en Bolivia. En Tarija, departamento en el sur del país, se ha conformado una oposición a la exploración petrolera en el área de la Reserva de Flora y Fauna de Tariquia. Los pobladores han salido a bloquear los caminos que llevan a San Telmo Norte, la zona donde la empresa estatal YPFB Chaco en sociedad con la brasileña Petrobras, pretenden perforar pozos exploratorios muy pronto.
Ya hubo un paro de todo un día en defensa del área, que es protegida desde hace unos 30 años por su biodiversidad y su condición de fuente de agua para la región. Nos es la primera vez que los pobladores defienden la zona. Ya ha ocurrido con la extracción de madera y en el caso de un proyecto de construcción de una represa del lado argentino, ya que el territorio se encuentra en la frontera entre Bolivia y Argentina.
El Gobierno del presidente Evo Morales se ve presionado a descubrir nuevos yacimientos de gas que sustituyan a los que actualmente alimentan a las principales exportaciones bolivianas, cuya producción comienza a disminuir, lo que provoca el pago de multas por no cumplir con los contratos de abastecimiento de sus compradores. Brasil acaba de cobrar una multa de 133 millones por este motivo. Desde hace mucho que los expertos del sector expresan su preocupación por la falta de nuevos descubrimientos, que algunos atribuyen a la falta de incentivos para la inversión trasnacional a causa de la nacionalización de la industria en 2006. Esta situación podría complicar la negociación de un nuevo contrato de venta de gas a Brasil, sin el cual las finanzas bolivianas no cerrarían.
El proyecto de explotación en Tariquia podría procurar ingresos al país por 5 mil millones de dólares. El Ejecutivo sostiene, además, que se está cumpliendo con la normativa que protege el medio ambiente, afectando apenas el 0,008% de las 247.000 hectáreas de la reserva protegida. Sin embargo, las protestas han provocado la represión por parte de las fuerzas policiales. Los movimientos que se oponen, por su parte, sostienen que debe escucharse a la mayoría de los pobladores y no solo a las pocas comunidades que se beneficiarán con la presencia de las petroleras. Aunque el área afectada directamente sea pequeña, afirmaron, las explosiones subterráneas que son necesarias para la exploración “cerrarán las vertientes y contaminarán el agua, como siempre pasa”.