Solo en el estado de Río de Janeiro se contabilizan en lo que va del año más de 300 muertos por la acción policial. En varios casos son ejecuciones.
A pocos meses de la puesta en marcha de la política oficial de “meterle bala” a los delincuentes, en Brasil se hace evidente que si bien han aumentado las muertes, no disminuye el crimen. El presidente Jair Bolsonaro, sus ministros y gobernadores de su mismo partido, como el de Río de Janeiro, Wilson Witzel, están convencidos de que la clave es darle carta blanca a las fuerzas policiales. Un delincuente armado con un arma de guerra, es un blanco al que tirar sin más, sostiene Witzel, si no quiere que le disparen que se rinda y entregue su arma. Le hace eco el ministro de justicia Sergio Moro, que acaba de presentar un proyecto de ley que exime de responsabilidades a cualquier policía que haya actuado presa de un “excusable miedo, sorpresa o violenta emoción”. Pese a las explicaciones del ministro, cualquier situación puede ser amparada por el estado de violenta emoción o de un temor excusable. En febrero, 15 personas resultaron muertas en un operativo de la policía militar en dos favelas de Río de Janeiro. Las imágenes y los testigos dan cuenta de torturas y de ejecuciones. La ley ampararía ampliamente tales situaciones. Hoy lo hace Witzel quien aseguró que se trató de un operativo legítimo de la policía contra el narcoterrorismo y que “cualquier actuación de la policía militar ante cualquier discusión es legítima”.
Que en Brasil existe una difusa red criminal y que estos grupos armados – a veces con armas que les venden los mismos policías corruptos – dominan en varias ciudades es un hecho. La seguridad en el país se ve gravemente afectada. Lo que soslayan las posturas extremas al respecto, es que lejos de prevenir el crimen, la policía está a menudo involucrada en ello. Otros sectores policiales reaccionan con violencia extrema sin hacer muchas distinciones entre criminales inocentes, adultos, adolescentes o niños, como si esas fueran delicadeces que no se pueden usar en estas situaciones. Las ejecuciones extrajudiciales están al orden del día. El último caso, el de un menor de 12 años muerto a balazos en Río de Janeiro, tiene todas las evidencias de una ejecución extrajudicial. El niño que había ido a comprar comida con un hermanastro más chico, se vio interpelado por una patrulla de policías militares. Habría tenido el tiempo de afirmar que no era un ladrón y no había hecho nada. Los testigos, más de 20, aseguran que le pegaron un disparo en el vientre, luego otro en una pierna para sucesivamente cargarlo en la camioneta policial, luego de recoger los casquillos. El cuerpo apareció muerto con un tercer disparo en la cara. La policía militar afirma que hubo un tiroteo sin mayores consecuencias con los atacantes, y que una bala perdida mató al menor.
La curiosa circunstancia por la que las “balas perdidas” fueron tres y no una, el hecho de que se dedicaran a recoger los casquillos, no parece inmutar a las autoridades. Que el niño no tuviese antecedentes importa poco, que la gente de la favela, acaso también delincuentes, importa menos. Desde enero, los muertos en Río de Janeiro por manos de la policía han sido más de 300. La Justicia cierra un ojo y las huestes de Bolsonaro están satisfechas. Un delincuente menos. Y si es inocente, paciencia. La guerra tiene víctimas inocentes. Es curioso, porque es el mismo razonamiento por el que durante la dictadura desaparecían las personas: “Estamos en guerra”. No se estaba en guerra en ese entonces, ni lo estamos ahora. Sí, estamos en democracia. Pero para el presidente de Brasil es un tema secundario, como la vida humana.
Son escuadrones de la muerte amparados y estimulados por el estado; verdaderos criminales dirigidos por criminales peores. Los escuadrones de la muerte en Brasil habían sido moneda corriente. Esto es aberrante.
No hay una sola fuente respaldando los datos “testigos” acusan ejecuciones, dónde, quienes, cuándo, en que hecho, dónde se tomó ese dato? Me están pidiendo datos duros en mi muro. Gracias