Las partes han pactado un doble mecanismo de estabilidad, política y jurídica. La ciudadanía refrendará el mecanismo acordado para que finalice el conflicto armado.
En La Habana los negociadores del Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC alcanzaron un importante acuerdo para fijar un mecanismo jurídico que eleve el rango del acuerdo final que sancione el fin del conflicto armado a nivel de norma transitoria insertada en la Constitución política para así garantizar su cumplimiento.
El jefe de los negociadores del Ejecutivo, Humberto de la Calle, señaló que con la guerrilla se estipuló que el acuerdo final será sometido a una figura de refrendación, para que de este modo la ciudadanía ratifique o no lo que se haya pactado con las FARC. Las partes también acordaron que antes del próximo 18 de mayo, el Gobierno deberá aportar algunas modificaciones al Acto Legislativo para la paz cuyo trámite legislativo ya ha comenzado en el Congreso. Eso permitirá añadir a la Constitución Política un artículo transitorio.
En un comunicado conjunto el Gobierno y las FARC han detallado el acuerdo alcanzado y que éste es conforme tanto al derecho interno colombiano como al derecho internacional. Lo expedito de esta hoja de ruta, confirma una vez más, la proximidad del acuerdo de paz que se esperaba fuera sancionado en el pasado mes de marzo y que mantiene en vilo a la ciudadanía colombiana.
Se señala en el comunicado emitido el texto del nuevo artículo transitorio, el cual sigue los términos del Convenio de Ginebra de 1949, y será incluido una vez que entre en vigor a la Constitución política “como parámetro de interpretación y referente de desarrollo y validez de las Normas y las Leyes de Implementación y desarrollo del Acuerdo Final”. Para eso se deberá seguir un “procedimiento de ley aprobatoria del Acuerdo Especial” que luego de ser convertido en ley, para ser sucesivamente sometido al voto de las dos ramas del Congreso que deberán aprobarlo con mayorías calificadas para que pueda ser incluido como norma transitoria de rango constitucional.
Se puede hablar de un blindaje jurídico porque, al convertir en norma de rango constitucional, aunque sea transitoria, el acuerdo de paz determinará que las futuras medidas legislativas sean coherentes con este último. Asimismo, se evita que un futuro Gobierno pueda dar fácilmente marcha atrás con medidas que, directa o indirectamente, deroguen el acuerdo de paz.
