La Mesa de Unidad Democrática sostiene que el Gobierno no cumplió con lo acordado hasta ahora. De seguir esta situación no participará de la reunión del Diálogo Nacional fijada para el próximo 6 de diciembre.
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que congrega a gran parte de la oposición venezolana, informó que si el Gobierno no cumple con los acuerdos del diálogo no acudirán a la segunda reunión pautada para el próximo 6 de diciembre.
“Cualquier instancia de diálogo, encuentro o negociación es inútil sin garantías de cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre las partes”, manifiesta la coalición opositora a los acompañantes internacionales y al representante del Vaticano en las reuniones del diálogo en un comunicado emitido ayer.
Este miércoles Carlos Ocariz, alcalde del municipio Sucre del estado Miranda, informó que luego de una reunión sostenida entre la directiva nacional del partido que representa decidieron apoyar la postura de la MUD de no asistir este 6 de diciembre a la mesa de diálogo que se ha venido celebrando entre ambos factores políticos con acompañamiento del Vaticano y representantes de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
Se sostiene en el comunicado que el Gobierno ha incumplido con los cinco principales acuerdos pactados en las reuniones de diálogo. En especial, se señala que el Gobierno ha hecho caso omiso al acuerdo de dejar tomar la iniciativa para solicitar al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que quede sin efecto la sentencia que mantiene en desacato a la Asamblea Nacional (AN). El diferendo con el máximo órgano de la justicia se generó cuando el tribunal exigió que fueran desincorporados legisladores cuyo nombramiento ha sido impugnado. La AN desafectó a los legisladores, pero sigue vigente la sentencia que deja sin efecto toda decisión del Poder Legislativo.
El Gobierno debía además nombrar a dos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), liberar a los presos políticos y abrir el canal humanitario.
La oposición, por su parte, ha suspendido la agenda parlamentaria que preveía realizar un juicio político contra el presidente Nicolás Maduro (en realidad, la Constitución nacional no habilita al Legislativo para realice juicios políticos).
Los equipos que están facilitando el diálogo institucional siguen trabajando para que el proceso pueda avanzar y así afrontar la grave crisis económica del país que este año tendrá una inflación en torno al 400 por ciento.
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