La derecha, que se opone al acuerdo de paz, ha bloqueado la aplicación del sistema de justicia transicional previsto en el acuerdo con las FARC.
La ONU instó este martes al Congreso de Colombia que ponga en marcha el sistema de Justicia Especial para la Paz (JEP), que es una herramienta fundamental para dar cumplimiento al acuerdo de paz alcanzado en 2016 entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la antigua guerrilla de las FARC.
El sistema de JEP se encuentra atascado desde que el candidato uribista Iván Duque ganara las presidenciales el pasado 17 de junio. La Misión de Verificación de la ONU, que ha acompañado el proceso de paz desde sus inicios, hizo un llamamiento “a las instituciones del Estado competentes y a las fuerzas políticas para que remuevan los obstáculos que siguen impidiendo que el proceso de paz de Colombia cumpla con su compromiso con la justicia y el derecho de las víctimas”.
La organización destaca en un comunicado que la transición posterior al acuerdo de paz prevé la JEP cimentándola en los principios de “verdad, justicia, reparación para las víctimas y no repetición”. Pero el rol de este sistema está peligrando por la cerrada oposición a los acuerdos del Centro Democrático, el partido del ex presidente Álvaro Uribe, mentor de Duque y principal detractor de este proceso de paz.
Lo pactado en La Habana después de 4 años de negociaciones ya ha dado sus frutos. El conflicto armado ha terminado, el grupo insurgente fundó un partido político que cuenta con un apoyo social prácticamente nulo y, con la excepción de algunos frentes de la disidencia, más de 7.000 excombatientes están en fase de reincorporación. La ONU recuerda que “las elecciones parlamentarias y presidenciales de los últimos meses han mostrado un beneficio tangible del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC-EP: las campañas electorales más pacíficas y participativas en décadas”. Por esta razón, “es hora de que las víctimas puedan beneficiarse sin más demora de los compromisos establecidos sobre la rendición de cuentas de las personas que se someten a la JEP”.
Sin embargo, el uribismo ha aplazado de manera indefinida la aprobación en el Congreso del reglamento de ese sistema de justicia encargado de juzgar los crímenes de la guerra. Duque ya se reunió con Santos, que dejará el poder en agosto, y con la presidenta de la JEP, Patricia Linares, aunque, al menos de momento, la situación no se ha desbloqueado. El Centro Democrático está decidido a exhibir la fortaleza de sus sectores más radicales y este martes rechazó de cuajo el pronunciamiento de la Misión de Verificación de la ONU.
La bancada del partido en el Congreso, que se define como “mayor responsable de la elección” de Duque, afirmó que “no acepta sus exigencias”. “Las observaciones y proposiciones que hemos planteado no pueden ser calificadas como obstáculos”, argumenta el uribismo, que apela a la legitimidad que, según su criterio, le otorga la victoria del no en el plebiscito sobre los acuerdos de paz de octubre de 2016 y el triunfo de Duque en las elecciones presidenciales.
