César José Hinostroza ha sido acusado de liderar una red de tráfico de influencias que acomodaba a magistrados en puestos clave.
La Audiencia Nacional española ha accedido este lunes a extraditar a Perú al ex juez supremo César José Hinostroza, acusado en su país de participar de una red de tráfico de influencias, que ha provocado un terremoto en el Poder Judicial, siendo reformado como efecto del escándalo.
Cuando era miembro de la Corte Suprema, Hinostroza habría liderado una red de altos cargos judiciales, llamada Los Cuellos Blancos del Puerto, que se infiltró en el sistema de nombramientos judiciales y en la que, entre otros, participan empresarios y políticos del partido fujimorista Fuerza Popular. Hinostroza intentó huir a España, siendo detenido en el aeropuerto de Madrid el 9 de octubre, cinco días después de que el Congreso de Perú diera luz verde a la apertura de una investigación judicial contra él por delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias, negociación incompatible y organización criminal, y apenas seis semanas después de que la Corte Suprema hubiera decretado la prohibición de su salida del país.
Hinostroza está acusado de haber realizado gestiones ilícitas para conseguir la ratificación del magistrado Ricardo Chang como juez constitucional de Lima. También se le imputa haberse prevalido de su cargo en la cúpula judicial para la contratación de una tercera persona en la Corte Superior de Justicia de Callao y para lograr la mejora laboral de una familiar lejana de otro miembro de Los Cuellos Blancos en el mismo tribunal. Finalmente, se le atribuye la contratación ilícita del abogado William Alan Franco como personal al servicio de la Corte Supremo de Justicia de Perú.
La Justicia española consideró que se cumplen con el requisito de doble incriminación, es decir, que los actos puedan ser considerados delito en los dos países. Sin embargo, los magistrados españoles rechazan la entrega para el delito de organización criminal. Los jueces de la Audiencia Nacional subrayan que el resto de supuestos integrantes de Los Cuellos Blancos, antiguos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, no están siendo investigados por ese delito en Perú. “Parece que el reclamado sería el jefe de una organización sin miembros”, se sorprenden los jueces españoles.
La decisión final sobre la entrega corresponde ahora, según las leyes españolas, al Gobierno de Pedro Sánchez, que ya dio su visto bueno el pasado diciembre al inicio del procedimiento de extradición contra Hinostroza.
Los abogados de Hinostroza en España denunciaron que las prisiones peruanas, por su mal estado, no garantizan que el exjuez pueda esperar el juicio y cumplir la pena que le pueda ser impuesta en condiciones de “seguridad y dignidad”. Por ello, afirman, su extradición puede suponer una vulneración de los derechos humanos del acusado, de los que España, como Estado al que se demanda la entrega, es garante. Los jueces españoles reconocen que las prisiones peruanas, como las de otros lugares, “deberían mejorar” pero que este mal estado “afecta a todos los presos” de aquel país, y que este hecho tampoco supone un obstáculo para la extradición.
