En marzo de 2016, los investigadores enviaron 500 policías para conducir al ex presidente a declarar en una comisaría, pese a haber siempre colaborado.
El máximo órgano judicial de Brasil, el Supremo Tribunal Federal (STF) falló contra las declaraciones coercitivas que utilizaron contra Lula y ahora está por pronunciarse sobre su excarcelación.
Los jueces del STF emitieron un fallo contra las prácticas utilizadas en el transcurso de la Operación Lava Jato y declaró inconstitucional la conducción coercitiva, el instrumento legal para que los investigados sean forzados a ir a testimoniar, un método que fue utilizado en el caso de Lula da Silva.
Seis magistrados estuvieron a favor del fallo y cinco en contra. La mayoría estableció que llevar a alguien a declarar por la fuerza no siendo ni imputado ni procesado debe hacerse apenas como último recurso, si la persona ya se negó a las intimaciones formales. Pero no sucedió en marzo de 2016 cuando el juez Sérgio Moro llevó al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a declarar por la fuerza, pese a la disponibilidad del investigado. El 4 de marzo de 2016, Moro envió a unos 500 policías federales a buscar al ex presidente en su casa en Sao Bernardo do Campo para ser interrogado por un comisario y otros oficiales le registraron su vivienda a pesar de que Lula no se había negado a prestar declaración de manera espontánea.
El dictamen preliminar contra la conducción coercitiva fue presentado por el juez del Tribunal Supremo, Gilmar Mendes en diciembre después de que el Partido de los Trabajadores y la Orden de los Abogados de Brasil comenzaran acciones judiciales en las que argumentaban que la medida violaba el derecho de los sospechosos de mantenerse en silencio y no auto incriminarse.
En el fallo se señala que la ley no cae solo sobre los políticos sino también sobre personas pobres. “La legislación no se aplica solamente a aquellos envueltos en posibles prácticas de corrupción, no se aplica solo al crimen de cuello blanco. No son solo ellos los coercionados por la policía. Son los envueltos en general en prácticas criminales. ¿No queremos un mejor Brasil? Todos queremos.”
El STF deberá ahora pronunciarse sobre el pedido de libertad presentado por la defensa de Lula, para el cual se espera el pronunciamiento de la fiscal general, Raquel Dodge.
Las prácticas abusivas y circenses de arrestos a políticos sospechados, mediante procedimientos aparatosos, desapegados a los procedimiento debidamente prescrito, y al respeto de las garantías constitucionales debidamente establecidas; con intención manifiesta de someter a escarnio público, manipulación y sobre exposición; deja en claro el objetivo de quienes están detrás de estos montajes. Este tipo de actuación; que parece generalizarse en la región; va detrás de la intención de imponer regímenes políticos de dudosa legitimidad, diseñados para la dominación social mediante estas nuevas formas de violencia. El eje fundamental emergente apunta a la descalificación del legítimo derecho del ejercicio del poder ciudadano para la preservación de derechos fundamentales que hacen a la vida democrática. Los principales actores suelen ser individuos de dudosa reputación, sospechados firmemente de ser responsables de escandalosos hechos de corrupción, que responden a un patrón común, someter la viabilidad del bien común a las apetencias de los intereses económicos cada vez más concentrados; de orden mundial y local; en detrimento del bienestar de los sectores más vulnerables; incluso empujando a la pobreza e indigencia a amplios sectores emergentes. Es notable advertir la intención de demonizar la política, que no es más que intentar legitimar una política que se auto califica, falsamente de apolítica.