El presidente Iván Duque impulsaba modificar la justicia transicional pero la Corte Constitucional falló definitivamente a favor del sistema acordado en 2016.
La Corte Suprema y la Corte Constitucional de Colombia han enterrado las tentativas del presidente Iván Duque de intervenir en los acuerdos de paz alcanzados con la ex guerrilla de las FARC, hoy devenida partido político legal. Los jueces constitucionales se pronunciaron a favor de mantener tal como está la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazando los seis cambios impulsados por Duque sobre este tema. Por otra parte, la Corte Suprema ha determinado la liberación del ex jefe guerrillero de las FARC, Jesús Santrich.
La Corte Constitucional falló reconociendo que ya dos veces el Congreso rechazó los cambios impulsados por Duque, en la Cámara y en el Senado. Pero también se impugna el criterio del presidente de modificar la médula de los acuerdos de paz alcanzados en 2016.
Duque ya ha anunciado que ante la respuesta que recibe su iniciativa acatará lo establecido por los jueces constitucionales, “pero nunca dejaré de defender los principios que han motivado al pueblo colombiano para que tengamos una paz con justicia, una paz en la que todos creamos y así seguiré procediendo todos los días de mi vida”. La iniciativa responde a la visión del tema de la derecha colombiana representada por el Centro Democrático, fundado por el ex presidente Álvaro Uribe, un opositor firme del acuerdo alcanzado por el anterior mandatario, Juan Manuel Santos. El debate ha vuelto a polarizar el país en estas semanas.
El presidente pretendía cambiar seis artículos del sistema de justicia transicional que ya había sido examinado por el Constitucional. Sin embargo, esa revisión afectaba a la esencia de los acuerdos al poner en duda el funcionamiento de la justicia para la paz. Un sistema que su presidenta, Patricia Linares, califica de “tribunal de derechos humanos que aplica justicia restaurativa”. En definitiva, un engranaje clave para una transición después de más de 50 años de violencia, 250.000 muertos y 8 millones de víctimas.
El intento de modificar abarcaba el punto de reparación a las víctimas; la atribución del alto comisionado para la paz de verificar quienes ingresan al sistema de justicia transicional; la relación con la justicia ordinaria; los delitos de lesa humanidad; las condiciones de ofrecimiento de la verdad; y la extradición. Este último punto es especialmente delicado. Por ello, la Corte Suprema de Justicia dispuso liberar al ex líder guerrillero Jesús Santrich, del que Estados Unidos reclama la extradición por un delito de narcotráfico. Los jueces determinaron que Santrich es técnicamente miembro de la Cámara Baja, aunque nunca asumió su cargo, por tanto, cuenta con foros que determinan cómo deberá ser juzgado.
Una pena.