La Corte Suprema resolvió que la prisión preventiva adolecía de fundamentos que justificaran la prisión preventiva.
La Corte Suprema de Chile dispuso la liberación de ocho comuneros mapuches acusados de varios episodios violentos que se han verificado en el marco del conflicto entre este pueblo y el Estado. “Corregimos una deficiencia de un tribunal”, señaló el vocero del máximo tribunal del país al explicar la decisión de la Segunda Sala de la Corte Suprema. Los cinco jueces fallaron por unanimidad a favor de la solicitud de amparo presentada por las defensas de los ocho detenidos y ordenó su liberación inmediata.
Los ocho integrantes de comunidades mapuche, llevaban 26 días de detención preventiva imputados de presunta asociación ilícita terrorista en tres atentados incendiarios en La Araucanía. Los jueces desestimaron -por razones de forma- la detención dispuesta por una jueza de garantía de Temuco, aduciendo falta de fundamentos para justificar la medida cautelar. La detención “carece en absoluto de fundamentos, incurriendo en una contravención de lo dispuesto en el artículo 36 del Código Procesal Penal que exige al tribunal la fundamentación de las resoluciones que dictare, con la sola excepción de aquellas que se pronunciaren sobre cuestiones de mero trámite” considerando además que se trataba de una medida de privación de libertad.
La Corte Suprema critica que la jueza asumiera como propia la tesis de la Fiscalía para tomar su decisión, sin detallar las razones que sustentaron tal decisión. El dictamen, sostuvo la Corte Suprema, “no expone en forma ‘clara y precisa’ los antecedentes calificados que le permitieron presumir fundadamente, pese a las alegaciones en contrario de las defensas (…) que cada uno de los imputados tuvo participación en los delitos de asociación ilícita terrorista y… de incendio”.
Si bien la decisión de la Corte Suprema corrige una “deficiencia”, no interviene en la investigación, que sigue su curso. “Lo que ha pasado es que no ha sido posible justificar la medida de prisión preventiva”, aclararon a la prensa los jueces. El fiscal nacional, Jorge Abbott, aclaró que precisamente por esta razón no están cuestionadas las investigaciones policiales y del ministerio público y eso no impide solicitar una nueva audiencia “para lograr la misma prisión preventiva, pero con un resolución debidamente fundada”, pues considera que existe “un peligro de fuga” por parte de los comuneros.
Al dejar el penal de La Araucanía, el comunero mapuche Martín Curiche, del grupo de los detenidos, sostuvo que se está siendo juzgados “por el hecho de llegar y tener un apellido mapuche y ser de comunidades que llevan un proceso de restitución territorial”. Curiche agregó que “la prensa nos tildó como terroristas, la gente nos trató como violentistas, como los responsables de los distintos atentados que han pasado dentro de la zona de la Octava (Biobío), Novena (La Araucanía) y Décimocuarta Región (Los Ríos). Nosotros decimos que hay una colusión completa de parte de los poderes económicos que mantienen y son los que llevan el Estado”, agregó.
