Es en el marco del caso Lava Jato, que involucra a un centenar de empresarios y políticos. El disparador ha sido las delaciones de 77 ejecutivos de la constructora Odebrecht.
No son buenas las noticias que llegan al gobierno del presidente de Brasil, Michel Temer. El fiscal general del Estado, Rodrigo Janot, está programando solicitar al Supremo Tribunal Federal, el máximo órgano de la justicia brasileña, investigar a ministros del Ejecutivo además de legisladores del partido del presidente, el PMDB. El fiscal sospecha casos de corrupción entre los miembros de gobierno.
La información fue difundida por el diario Folha de Sao Paulo este domingo y confirmada a la agencia Reuter por una fuente judicial. Además de algunos ministros, cuyo nombre no fue confirmado, los fiscales están considerando incluir al propio presidente Temer entre los investigados.
El pedido del fiscal general se basa en la delación de 77 ejecutivos de la constructora Odebrecht que han confesado los mecanismos de corrupción indicando nombres y modalidades a cambio de una reducción de la pena. La investigación tiene su lógica, porque de lo contrario no habría razones para aplicar la ley de delaciones compensadas (o de arrepentidos). Los fiscales pedirán al Supremo Tribunal la publicación del contenido de los testimonios de los ejecutivos.
Odebrecht ha protagonizado escándalos resonantes no sólo en Brasil, sino en una docena de países de América latina y fuera de la región, habiendo distribuido en estos años sobornos por sumas que solo en el exterior se acercan a los 1.000 millones de dólares. Por esa razón, se han abierto investigaciones en la Argentina y hay un mandato de captura internacional contra el ex presidente de Perú Alejandro Toledo, acusado de haber recibido 20 millones de dólares de la constructora.
Odebrecht consiguió acuerdos extrajudiciales con las autoridades brasileñas, suizas y estadounidenses por los que pagará 3.500 millones de dólares para cerrar acusaciones de sobornos. En Brasil, la empresa está en el ojo de la tormenta suscitada por las investigaciones del caso Lava Jato (lavado de autos) sobre pagos ilícitos de empresas a cambio de contratos de la gigante estatal Petrobras.
Ya cuatro miembros del Gobierno de Temer tuvieron que presentar su renuncia por vinculaciones con el caso Lava Jato. El ex presidente de Diputados, Eduardo Cunha, miembro del PMDB, ha sido arrestado y ha perdido su condición de legislador acusado de haber recibido varios millones de dólares en el exterior en el marco de los sobornos pagados por Petrobras. También el presidente del Senado, Renan Calheiros, está siendo investigado por financiación ilícita, tal como lo está siendo, y por la misma razón, el propio Temer.
Según filtraciones de declaraciones de los ejecutivos de Odebrecht, altos miembros del PMDB recibieron ilícitamente más de 3 millones de dólares para la campaña electoral del 2014. Lo que podría llegar a declarar nulos esos comicios y con ello hacer caer el mandato de Temer que ese año resultó elegido como vice presidente de Dilma Roussef, a quien reemplazó luego de que la mujer fuera destituida como presidenta de Brasil.
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En Brasil probado un delito no existe fuero que valga. Los fueros han sido concebidos para evitar jugadas políticas que entorpezcan la dinámica institucional de una república. En Argentina los fueros son dadores providentes de impunidad, esto es escandaloso. Los mecanismos, una vez obtenidas las pruebas incontrastables deben seguir un itinerario que suele ir a vía muerta, y las causas prescribir. Estos mecanismos hace docencia de impunidad y apología del delito o crimen amparado por las instituciones.