Los enviados papales, Scicluna y Bertomeu, se reunieron con los fiscales que investigan los abusos de menores para ofrecer la cooperación de la Iglesia.
Los escándalos por abusos sexuales, en muchos casos contra menores, siguen sacudiendo la Iglesia católica chilena. En estos días, han sido varias las medidas disciplinarias y las denuncias presentadas. En la región de Aysén, ha sido suspendido un sacerdote denunciado por abusos contra una menor en 2002. Otros tres sacerdotes de la diócesis de Temuco también han sido sancionados canónicamente por abusos sexuales a menores de edad. En un caso, la víctima había solicitado se mantuviera en reserva el caso, investigado desde 2011. Por otro lado, la Congregación de los Sagrados Corazones de Chile anunció medidas adoptadas contra un religioso acusado de abusos cometidos desde fines de los años 80. En Rancagua, una docena de sacerdotes han sido apartados luego de que se descubriera una agrupación que se dedicaba a mantener relaciones sexuales, incluso con menores.
A lo largo de la última semana, los enviados papales miembros de la Congregación para la Doctrina de la Fe a cargo de los casos de abusos, monseñor Charles Scicluna y el sacerdote Jordi Bertomeu, mantuvieron numerosos contactos y recibieron documentación sobre denuncias presentadas por otros casos que se han verificado en el país. Ambos viajaron a Osorno para facilitar la reconciliación de los fieles de esa diócesis, al que el Papa pidió perdón por haberlos acusado injustamente de no querer aceptar al obispo Juan Barros.
Un paso importante en la labor de Scicluna y Bertomeo ha sido la reunión mantenida con cuatro fiscales que han seguido algunos de los casos judiciales relativos a sacerdotes acusados. Los dos religiosos ofrecieron la colaboración de la Iglesia en la persecución de los culpables de delitos. “El abuso de menores no es solo un delito canónico, también es un delito civil”, dijo monseñor Scicluna, aclarando por tanto que la Iglesia debe prestar su máxima colaboración a la Justicia civil (para diferenciarla de la Justicia eclesiástica). “Hemos compartido con monseñor Scicluna la necesidad absoluta de la cooperación entre la Iglesia y el Estado de Chile para los efectos de poder hacer avanzar en este tipo de investigaciones”, anunció por su parte el fiscal nacional, Jorge Abbott. La reunión facilitó el allanamiento de la Fiscalía de la sede del Tribunal Eclesiástico en Santiago de Chile y la diócesis de Rancagua -a unos 80 km al sur de la capital- en busca de documentos vinculados con presuntos abusos sexuales sufridos por menores de edad a manos de integrantes de la Iglesia católica local.
Si bien en muchos de los casos el delito de abuso contra menores prescribió, Bertomeu ha aclarado que las víctimas pueden entablar una querella civil que, además de verificar los hechos, estableciendo la verdad, también permite una reparación material y la Iglesia debe estar disponible para tales casos.
Scicluna en declaraciones a la prensa dejó en claro que es necesaria la “colaboración entre Iglesia y autoridad civil porque la inocencia de los menores es un valor esencial para cada sociedad”. Por otra parte, remarcó que El abuso de menores “no es solo un delito canónico, también es un delito civil. El bien común de la Iglesia y la sociedad convergen en la tutela de los menores, que es un valor muy importante”. Antes de dejar Chile, Scicluna y Bertomeu dejaron instalada una oficina especial que recoja las denuncias de las víctimas, al tiempo que el Ministerio Público chileno se encargará de establecer un sistema de protección para los denunciantes.
