Esta falta de recursos agobia considerablemente el desarrollo de la región, la posibilidad de mejorar los niveles de desigualdad permitiendo un mejor acceso a servicios como agua potable, educación, salud, vivienda a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Según datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) el año pasado en la región la evasión fiscal fue de 340 mil millones de dólares. Una suma inmensa. La mitad de este dinero podría dotar a América latina de obras de infraestructura claves para su desarrollo. En otro artículo que se publica hoy en nuestra web (ver: El agua: un gran potencial mal distribuido), se señala que destinar 15.000 millones de dólares al año (el 0,3 por ciento del PBI) hasta 2030 permitiría asegurar alcantarillado y agua potable a 100 millones de personas que no tienen acceso a estos servicios.
El informe de la CEPAL indica que la evasión impositiva representa el 6,7 por ciento del producto interno bruto (PIB) regional, que se ubica en torno a los 5.074.000 millones de dólares. Cuando se analizan los diferentes tipos de impuestos, se observa que la evasión sobre el impuesto al valor agregado (IVA) fue de 2,4 por ciento del PIB, unos 120 mil millones de dólares, y de 4,3 por ciento en el caso del impuesto sobre la renta (ISR), unos 220 mil millones de dólares.
El análisis por países arroja niveles preocupantes de evasión tributaria. Guatemala lleva la delantera respecto de la evasión del ISR, con un asombroso 69,9 por ciento, seguido por Ecuador (58,1), Argentina (49,7), México (38), El Salvador (36,3), Perú (32), Chile (31). El dato general es que en promedio los países de América Latina pierden el 50 por ciento de sus ingresos tributarios por evasión del ISR, que representa cerca de 4.3 por ciento del PIB.
En México la evasión del IVA significa 20 por ciento de la base, al igual que en Argentina, Chile, Colombia y Ecuador; mientras en Guatemala y Nicaragua se estima en 40 por ciento. La CEPAL señaló que hasta 2008 la tendencia de evasión en este gravamen había sido decreciente, pero se detonó a raíz de la desaceleración económica.
El organismo recomienda a los gobiernos realizar cambios administrativos para mejorar la recaudación, para que sea progresiva ante los altos niveles de informalidad, pobreza y desigualdad socioeconómica, la pobre calidad institucional y la escasa conciencia y educación fiscal de los contribuyentes. La evasión fiscal es uno de los principales puntos débiles de nuestros sistemas tributarios. Las reformas recientes han conseguido apenas un moderado crecimiento de la recaudación impositiva. La recaudación es escasa respecto al desarrollo de los países y los sistemas tributarios mantienen un sesgo regresivo, ya que los impuestos directos no generan suficientes ingresos fiscales para causar un impacto importante en la redistribución, resultado del bajo nivel de tasas impositivas, en especial en los altos ingresos. Las economías latinoamericanas también padecen evasión fiscal por otras vías, como la de los flujos financieros ilícitos derivados del comercio internacional.
Indudablemente, hay mucho por hacer, en el plano administrativo, para lograr que no sólo el sistema tributario sea más eficiente, sino también más justo, es decir, más progresivo y menos regresivo, de modo que pague más quien más tiene. Pero es un proceso que a la vez debe ir construyendo una mayor conciencia cívica: pagar los impuestos, reclamar la factura o el ticket, significa permitir mayor justicia social, más y mejores servicios. Y permite además repartir mejor la carga tributaria, pues en muchos casos, hay actividades económicas que si pagaran todos los impuestos no podrían seguir funcionando. En el fondo, no pagar impuestos es una de las tantas trampas de un individualismo que riñe con nuestro espíritu solidario.
