El Gobierno del presidente Michel Temer aparenta una fortaleza que no tiene. Aparece el fantasma de una posible destitución en medio de un escándalo por corrupción que salpica a él y a su partido.
El Gobierno de Michel Temer acaba de reportar una importante victoria política, habiendo logrado reunir en el Senado 53 votos (cuatro más de los necesarios) para introducir la enmienda constitucional que congela durante 20 años el gasto público. Hubo apenas 16 votos en contra.
Se trata de una medida drástica, que pretende controlar un gasto público fuera de control, posiblemente poco eficiente, que en estos años ha crecido a un ritmo acelerado.
Todo haría pensar que su Ejecutivo viaja en aguas seguras, con la capacidad de conducir el barco hacia un rumbo definido, en el intento de controlar la recesión más severa en décadas que afecta la economía brasileña.
Sin embargo, es una imagen que no se condice con la realidad: cuando se analiza la situación general más en profundidad aparecen serias incongruencias. La primera es cómo es posible proyectar el gasto público en modo tan cuantitativo sin detenerse en la calidad del mismo. Una cosa es racionalizar el gasto, otra cosa es establecer límites tan drásticos durante un período tan largo.
Otra observación tiene que ver con una consideración elemental: el sesgo económico asumido por el Gobierno de Temer va claramente a contramano con el perfil que tuvieron los dos gobiernos de Dilma Rousseff, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), teniendo en cuenta que el segundo mandato se interrumpió en agosto con la destitución de la presidenta a la que el actual presidente sucedió en el cargo. El tema es que Temer fue vicepresidente en ambos periodos, durante sendas campañas electorales. Es difícil pensar que no haya tenido responsabilidad alguna en la expansión de ese gasto y que, de pronto, haya recobrado la necesaria sensatez para recortarlo de este modo. De no ser que haya en su estrategia un fuerte sentido de oportunismo, que ahora lo ubica en el sillón de mando. Lo que no deja de ser preocupante.
El país lucha contra una aguda recesión, una crisis institucional que ha interrumpido un legítimo mandato presidencial, mientras que un inédito escándalo por corrupción echa sombras inquietantes sobre la honestidad de los líderes políticos. El motivo por el que fue destituida Rousseff fue un maquillaje contable de cuentas, ya que no ha sido acusada de corrupción ni existen elementos que indiquen eso. En el caso de Temer y de su partido, el PMDB, es todo lo contrario. Si es cierto que numerosos líderes del ex oficialista PT son parte de la trama de fondos ilegales, el PMDB lidera el ranking de políticos condenados, procesados e investigados.
Desde la formación del nuevo Gobierno, en mayo, seis de sus ministros tuvieron que renunciar por estar vinculados al tema corrupción. Terminó arrestado y destituido como legislador el presidente de Diputados, líder del PMDB. Desde la semana pasada está siendo procesado por corrupción el presidente del Senado, del mismo partido, inhabilitado por el Supremo Tribunal para suceder al presidente. Finalmente, el proprio Temer aparece en el ojo del huracán: se filtraron las declaraciones de varios ejecutivos de empresas que pactaron con la justicia su colaboración. El presidente habría solicitado al menos 3 millones de dólares a sus empresas para financiar la última campaña electoral.
De ser aceptadas tales declaraciones como prueba, la justicia electoral podría llegar a invalidar las últimas elecciones, lo que haría decaer al proprio mandatario del cargo. Lo que sí está moralmente invalidada es la destitución de la ex presidenta Rousseff, por lo visto adoptada para hacerse con el poder y, posiblemente, frenar investigaciones tan incómodas.
El escándalo que sobrevuela el sistema de partidos y golpea duramente el oficialista PMDB , junto con la drástica reducción del gasto público, explica la escasa popularidad de Temer, cercana al 14% y en baja. La verdadera crisis es ésa, porque queda suficientemente claro que de no haber estallado el escándalo y no haber entrado en recesión la economía, se habría seguido con un gasto descomunal y una corrupción que socava la acción de gobierno sobre la base de alianzas políticas de conveniencia (o de connivencia). Es el nudo del problema que la sociedad brasileña debe afrontar.
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