La constructora brasileña admitió haber pagado 1,2 millones de dólares no contabilizados al partido liderado por la arrestada a cambio de favores.
Keiko Fujimori, hija del ex dictador Alberto Fujimori, y líder del partido opositor Fuerza Popular, que dispone de su propia mayoría en el Congreso de Perú, ha sido detenida por lavado de activos. Es acusada del manejo irregular de fondos para la campaña de su grupo político la en las elecciones de 2011. La poderosa política peruana quedará bajo arresto preventivo durante 10 días. La orden de detención tiene que ver con el conocido como caso cocteles y ha sido dictada por el juez Richard Concepción. Afecta, además de a Fujimori, a otras 19 personas, entre ellas los exministros Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya.
La detención de la dos veces candidata a la presidencia del país – en sendos casos no consiguió el sillón presidencial por la oposición de todos los demás partidos -, se produjo en Lima después de acudir a un tribunal para ser interrogada junto a su esposo, el norteamericano Mark Vito. La justicia peruana investigaba presuntas aportaciones a las campañas de la líder del fujimorismo, un sector de derecha y conservador, en el marco de las investigaciones sobre los sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht. Es el segundo golpe que sufre Fuerza Popular, luego de que la justicia anulara el indulto recibido por Alberto Fujimori, quien purgaba una condena a 25 años por corrupción y delitos de lesa humanidad.
Los directivos de la empresa brasileña, entre ellos Marcelo Odebrecht, han reconocido ante la fiscalía peruana que la firma aportó dinero a la campaña de Keiko, cuya fuerza política recibió 1,2 millones de dólares provenientes de fondos “no contabilizados” o de una contabilidad paralela de la empresa.
La fiscalía señaló en la solicitud de la detención que los 20 investigados formaron una “organización criminal” en el seno del propio partido político que tenía entre sus fines obtener el poder. El objetivo del grupo Odebrecht era recibir sucesivamente “el otorgamiento de obras sobrevaluadas, beneficios normativos, y/o favorecimiento judicial”. La detención preliminar ordenada por la justicia es similar a la que se aplicó al ex presidente Ollanta Humala y a su esposa Nadine Heredia, también investigados en la causa Odebrecht.
Este episodio se conecta con el escándalo que ha embestido a la cúpula de la justicia peruana, acusada de “cerrar un ojo” en el caso de lavado de activos de Fuerza Popular. El juez investigado, de hecho, ha sido defendido por la agrupación política.
