Cometieron casi un millar de crímenes en diez departamentos del país. Entre otros delitos, se esclarecieron 250 homicidios y 324 desapariciones forzadas.
Casi mil crímenes cometidos en Colombia por 32 paramilitares recibieron una condena que la Fiscalía General de la Nación calificó como “histórica”.
Tres de los ex paramilitares fueron jefes de sus agrupaciones delictivas que actuaron en diez departamentos del Bloque Central Bolívar. Los delitos fueron cometidos entre 1999 y 2006. El fallo de la sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, ordena además adelantar procesos de extinción de dominio contra los condenados, para reparar a un total de 4.260 víctimas.
La justicia pudo de este modo esclarecer “más de 250 homicidios, 324 casos de desaparición forzada, 213 desplazamientos, 173 reportes de reclutamiento ilícito y 14 situaciones de violencia basada en género, en las que las mujeres fueron afectadas con tratos crueles e inhumanos”, destaca un comunicado de la Fiscalía. “La importancia de esta sentencia radica en que fueron avalados por la magistratura cinco patrones de macrocriminalidad que tienen que ver con homicidio, desaparición forzada, desplazamiento forzado, reclutamiento y violencia basada en género”, explicó la fiscal Mery Patricia Conejo.
Entre los bienes pertenecientes a los responsables de estos crímenes, la Fiscalía explicó que “han sido identificadas haciendas ganaderas, extensiones de tierra en el sur del país y otras propiedades”. La condena para los “responsables del entonces Bloque Central Bolívar, es la máxima que permite la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz), de 8 años de cárcel”, explicó la Fiscalía. ‘Ernesto Báez’, quien se desmovilizó el 12 de diciembre de 2005, dirigió el Bloque Central Bolívar, el brazo armado más robusto de las Autodefensa Unidas de Colombia (AUC), que estaba compuesto por nueve frentes, que representaban 7.603 hombres.
La sentencia de la sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá también reconoció a 4.260 víctimas directas e indirectas del Bloque Central Bolívar y “para respaldar la reparación material, ordenó iniciar procesos de medidas cautelares de extinción de dominio contra varios bienes de los condenados”.
Para reparar a las víctimas de estos crímenes las autoridades identificaron haciendas ganaderas, extensiones de tierra en el sur del país y otras propiedades.
