Jueces constitucionales habilitan la reelección de Evo Morales

Jueces constitucionales habilitan la reelección de Evo Morales

Los magistrados consideraron que la norma constitucional que impide un nuevo mandato consecutivo limita los derechos políticos del presidente.

En febrero de 2016, la ciudadanía boliviana votó mayoritariamente en contra de una reelección del presidente Evo Morales. Era el camino jurídicamente correcto, puesto que la Constitución impide la reelección por dos períodos consecutivos.

Como ocurre en Uruguay, quien aspira a volver a ser presidente podrá presentarse, pero no para el período inmediatamente sucesivo a su mandato. Lo han hecho el actual presidente Tabaré Vázquez y Julio María Sanguinetti, ambos dos veces presidentes en periodos no consecutivos. A nadie se le ocurre en Uruguay considerar que este límite perjudique el derecho de cualquiera a postularse a la presencia del país, pues simplemente prioriza el valor de la alternancia de figuras, o partidos, en la máxima magistratura. La Constitución argentina, en cambio, permite la reelección consecutiva por dos mandatos como máximo, para volver a postularse, un candidato deberá esperar que transcurra un nuevo período. La de los Estados Unidos, permite dos mandatos como máximo, sean o no consecutivos. Los casos de reelecciones indefinidas son más raros, más bien en países donde hay un presidente de la república que no es jefe del Ejecutivo, la reelección del primer ministro puede ser indefinida, como ocurre en Francia o Italia y, en este momento, con el cuarto mandato de la primer ministra alemana Angela Merkel.

Los legisladores del Mas, el partido de Evo Morales, presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional cuestionando el límite constitucional. Ayer los jueces emitieron un fallo en el que dan luz verde a un nuevo mandato del presidente utilizando fundamentos que sorprenden (o indignan): la norma constitucional puede suspenderse porque estaría limitando los derechos políticos de Morales y de su vicepresidente a volver a postularse, amparados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los jueces sostienen que dicha Convención permite dar preferencia a tales derechos por sobre los límites establecidos por la Constitución y la ley electoral.

No debe haber muchos juristas dispuestos a avalar un proceder de este tipo, que transforma en derecho absoluto el ejercicio de un cargo público y, de hecho, difícilmente podrán apelar a una jurisprudencia seria. Vale la pena recordar que se trata de una Constitución vigente desde 2009, modelada sobre los cambios en el país introducidos por el propio gobierno actual.

No creo que sea posible discutir que la gestión de Morales en estos años ha tenido resultados positivos, que están transformando el país de ser una de las economías más pobres de la región, en una oportunidad de desarrollo para todos. El problema es la tentación de transformar un gobierno en un proyecto hegemónico, tan convencido de la bondad de sus intenciones que cree poder ir en contra de la voluntad popular expresada en un referéndum y de la letra misma de una Constitución. Es un camino muy riesgoso.

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