No hay pruebas de que la mandataria suspendida sería responsable de los manejos contables que habrían maquillado el gasto del Gobierno en 2014 y 2015.
No hay pruebas de que Dilma Rousseff haya participado de las maniobras fiscales que motivaron el proceso de impeachment que determinó la suspensión de su mandato. Es la conclusión a la que han llegado los técnicos del Senado de Brasil en el marco del proceso político que se lleva a cabo contra la mandataria suspendida.
La Constitución establece que el proceso de impeachment debe considerar argumentos jurídicos y no políticos para concretarse. Los técnicos de la Cámara alta presentaron, a pedido de la defensa de Rousseff, un informe de más de 200 páginas a petición de la defensa de Rousseff.
En el documento, si bien se sostiene que la mandataria fue responsable de la emisión de una serie de decretos que alteraban los presupuestos sin la pertinente autorización del Congreso, no se encontraron pruebas de que participara en la decisión de retrasar el pago de créditos a la banca pública. Este retraso fue parte del mecanismo que corrió partidas presupuestales de un año a otro, maquillando el balance, y que según la oposición supondría un crimen de responsabilidad que se puede sancionar con su destitución.
La acusación dirigida contra la presidenta considera que, en 2014 y 2015, el Ejecutivo postergó intencionalmente el envío de fondos al Banco do Brasil, Caixa Económica Federal y Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), todas estas entidades públicas, destinados al pago de programas sociales en un año electoral. Las transferencias de fondos para los programas sociales fueron adelantadas por los bancos, lo cual generó el pago de intereses y ha sido considerado un modo ilegal de incrementar el gasto del Ejecutivo. El argumento de la mandataria, en cambio, es que se trata de manejos contables habituales que han realizado muchos otros gobiernos.
El proceso de impeachment abierto contra Rousseff determinó que el pasado 12 de mayo fuera suspendida en su mandato. El vicepresidente Michel Temer asumió desde entonces en forma interina la función presidencial.
Se espera para julio el informe final de la comisión instructora del impeachment que deberá recomendar archivar la causa o destituir a la presidenta. El informe será sucesivamente votado por el Senado que decidirá por mayoría simple si la causa avanza o no. Serán suficientes, para eso, 41 votos sobre un total de 81 senadores. En ese caso, el paso final será la convocatoria, en agosto, del plenario de la Cámara Alta por parte del Tribunal Supremo. Para determinar la destitución de Rousseff será necesarios 54 votos, es decir, los dos tercios de los senadores.
