La gran parte de las 330.000 mujeres esterilizadas entre 1996 y 2000 provenían de áreas rurales pobres y pertenecían a pueblos originarios. Las denuncias en el país han sido archivadas por la fiscalía.
El caso de las esterilizaciones forzadas llevadas a cabo en Perú durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori, entre 1995 y 2000, llegó ante las Naciones Unidas.
La Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap) presentó el viernes pasado, ante el organismo internacional, el caso de esta política de gobierno aplicada luego del autogolpe del entonces presidente Fujimori.
En un comunicado, la organización señaló que “la presidenta de Onamiap, Ketty Marcelo López, informará sobre este caso de vulneración de los derechos de más de 270.000 mujeres y 24.000 varones como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, que fue ejecutado durante el Gobierno de Fujimori”.
El programa aplicado dio como resultado la esterilización de cerca de más de 330.000 mujeres y más de 25.000 varones, principalmente de procedencia rural, con escasos recursos económicos y en su mayoría indígenas, hablantes indígenas de quechua, muchos de los cuales firmaron un documento escrito en español que no entendían. El Gobierno de ese entonces argumentó que la medida fue parte de una política contra la pobreza y que los procedimientos fueron consentidos por las mujeres.
Como efecto de las prácticas aplicadas, al menos 18 mujeres murieron en los últimos años por complicaciones derivadas de la esterilización forzada a la que fueron sometidas. En 2003, tres años después de que Fujimori fuera destituido, los fiscales peruanos comenzaron a investigar los casos de esterilizaciones forzadas. Desde entonces, varias investigaciones han sido abiertas y luego cerradas, sin que haya habido respuesta por parte de la Justicia.
Actualmente, el ex presidente está cumpliendo una sentencia de 25 años de prisión por malversación de fondos y abusos contra los derechos humanos cometidos durante su década de gobierno. Las denuncias por las esterilizaciones forzadas, sin embargo, han sido archivadas varias veces por los fiscales debido a que no se pudo demostrar que las intervenciones fueron realizadas contra la voluntad de las personas, ni la sistematicidad del plan, como tampoco se pudo demostrar que Fujimori estuviera enterado de la violación de estos derechos. Los casos de posible acción contra la voluntad de las personas que el poder judicial pudo reunir se reducen a unos 300.
La denuncia ha sido apoyada por organizaciones defensoras de los derechos humanos, las que han apelado al archivo del caso.
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Es muy difícil comentar en una situación así, simplemente porque produce horror. Solo quiero destacar el núcleo de la temática que se repite en el continente 2MÁS DE 500 AÑOS DE GENOCIDIO DE PUEBLOS ORIGINARIOS, EL INCONTROLABLE HAMBRE DE CODICIA Y ACUMULACIÓN MEDIANTE LA DESPOSECIÓN DE SUS TERRITORIOS Y CONTROL DE SU CRECIMIENTO”. Que es lo que queremos, tapar el sol con un dedo. Estos son los pueblos preexistentes de América o como se llamara, intentar tapar los crímenes con más crímenes y continuar con el despojo es una prueba mas que palmaria del GENOCIDIO iniciado a fines del S XV , que no se detiene pero clama justicia al cielo.