La Santa Sede se solidariza con las víctimas de espantosos delitos cometidos por más de 300 sacerdotes en Estados Unidos e invita a erradicar tales delitos.
El período de descanso veraniego de la Sala de Prensa de la Santa Sede fue interrumpido ayer por el comunicado firmado por el vocero vaticano Greg Burke con un comunicado en el que expresa los sentimientos de “vergüenza y dolor” ante el informe del Grand Jury de estado de Pennsylvania (Estados Unidos) que en estos días ha llegado a ser conocido. El “Interim Report” reconstruye un millar de casos de abusos cometidos por más de 300 sacerdotes particularmente en los años 80 y 90 y hasta el 2000, cuando se comenzaron a tomar medidas eclesiales para poner fin a ese horror. El informe del Grand Jury habla de un sistemático encubrimiento por parte de las autoridades y de sacerdotes que se organizaron para señalar a menores que podrían ser abordados para los abusos.
Los detalles son particularmente odiosos, llegan a una mezcla perversa de dominio sobre las víctimas utilizando símbolos (una crucecita que indicaba a los menores objetos de las atenciones de los abusadores, o el uso de agua bendita para enjuagar la boca luego de tener sexo oral) y creencias religiosas para tranquilizar a los niños, a casos de sadomasoquismo, y hasta un decálogo para enseñar a comportarse en caso de denuncias que revela la presencia de una suerte de organización criminal. El trabajo de investigación acusa, además, duramente a obispos y demás autoridades por haber minimizado los hechos, ocultado la verdad y, definitivamente, haber sido cómplices de delitos graves indicando el grado de ignorancia de los pastores a la hora de establecer la diferencia entre una mera falta moral y un delito criminal.
En el comunicado, la Santa Sede señala que, del millar de casos, apenas algunos son sucesivos a 2002, efecto de las reformas aplicadas por la Iglesia católica de los Estados Unidos para proteger a menores y adultos vulnerables.
Un magro consuelo, si se quiere, pero que ha permitido expulsar y neutralizar a los culpables donde fuera necesario. “Los abusos descritos en el informe son criminales y moralmente reprobables. Estos hechos han traicionado la confianza y han robado a las víctimas su dignidad y su fe”. Antes de manifestar cercanía y apoyo a las víctimas, el documento, en nombre del Papa, recuerda la necesidad de obedecer a la legislación civil, incluida la obligación de denunciar los casos de abusos a menores”.
Es importante que el comunicado señale este último aspecto, que no siempre las autoridades eclesiales demuestran haber comprendido a fondo. Denunciar un delito es un deber, debido a que se ha violado una ley y tratar de eludir eso implica transformarse en encubridores y cómplices de delitos espantosos. La Iglesia no se coloca por encima del Estado, porque su misión es servir a la humanidad que se gobierna por leyes a las que se someten sacerdotes, religiosas y religiosos. Los delitos que han provocado un rechazo mundial, al punto que durante años no será fácil para cualquier sacerdote pronunciar las palabras de Jesús: dejen que los niños vengan a mí, no abarcan solo abusos y violaciones sino responsabilidades a nivel de encubrimiento cuando no hubo lisa y llana complicidad. Lo que está ocurriendo en la Iglesia chilena, muestra que es necesario seguir avanzando en la comprensión de cómo intervenir rápida y eficazmente en estos casos, apoyando a las víctimas y cooperando con las autoridades civiles. Cinco obispos han sido destituidos hasta el momento, precisamente por no haber comprendido ese deber entre otras, graves, responsabilidades. Y habrá seguramente más intervenciones disciplinarias por parte del Papa.
Queda por comprender cómo pudo ocurrir tanto horror, cómo fue posible tolerar actos tan aberrantes incompatibles con la moral y, en especial, con el estado sacerdotal. Lo que nos recuerda que cuando nos apartamos del verdadero espíritu evangélico, que se centra en el amor y en el servicio a los demás, podemos estar hablando en nombre de Baal, aunque lo llamemos Jesús o Dios.
