El acuerdo ha sido firmado por casi todos los partidos políticos del oficialismo y de la oposición. Los firmantes se comprometen en restablecer el orden y la paz social.
Amanece sobre Chile, teatro en estas cuatro semanas de una protesta inédita de millones de personas hartas de un sistema económico y social del que se sienten abusadas. Una protesta pacífica y civil que una minoría adicta al caos ha empañado con una dolorosa y estéril violencia. Pero amanece también porque el Sol que se levanta trae también el anuncio de que será posible construir un nuevo futuro político y democrático. Anoche oficialismo y oposición coincidieron finalmente en un documento que acuerda dos puntos trascendentales. Ante todo, un acuerdo para reestablecer la paz social y el orden “el total respeto de los derechos humanos y la institucionalidad democrática”.
El segundo punto es que se determina que los chilenos deberán decidir en abril del año que viene, por plebiscito, si quieren o no una nueva Constitución y a través de qué mecanismo. Es decir, si prefieren que se conforme una Convención Constitucional, eligiendo así integralmente a sus integrantes o si prefieren que la nueva Carta Magna sea escrita por una Convención Mixta, es decir, integrada en partes iguales por parlamentarios en ejercicio y “miembros electos para el efecto”.
En ambos casos, la única función de los dos órganos será exclusivamente el de redactar el nuevo texto. La elección de los miembros “ad hoc” de los dos tipos de constituyente se realizará en octubre del año que viene, en oportunidad de las elecciones regionales y municipales. El tiempo destinado para esa tarea será de nueves meses, prorrogables por una sola ver por tres meses más. Finalmente, seguirá un plebiscito ratificatorio de la nueva Constitución.
El documento lleva la firma de los líderes de todos los partidos políticos, incluso los que hasta el momento habían rechazado la idea de un plebiscito previo o de un proceso constitucional que no fuera llevado a cabo enteramente por el actual Congreso. La única autoexclusión es la del Partido Comunista, a esta altura poco comprensible, que no ha aceptado que se establezca la mayoría de dos tercios para aprobar la nueva Constitución.
Es un acuerdo clave, que arroja una luz de esperanza en estas horas inquietas mientras en el horizonte se asuman preocupaciones para la economía que, luego de cuatro semanas en que el país ha trabajado a media máquina, el dólar se ha disparado y los mercados muestran nerviosismo y preocupación. Son efectos, fundamentalmente psicológicos, que la economía suele padecer, así como suele superarlosrápidamente cuando en lugar de cundir el temor se propaga la esperanza y el optimismo. Y no es de extrañar que la señal proveniente del mundo político logre pacificar los ánimos, convocar a la cordura aislando a los pocos violentos e inyectar en la gente la percepción de que el país abre un nuevo capítulo, histórico, para reescribir un nuevo pacto constitucional, eso es, que establece las reglas de funcionamiento democrático del país y el espíritu desde el cual hacerlo. La actual Carta Magna fue impuesta durante la dictadura, en 1980, partiendo de un espíritu sustancialmente desconfiado respecto de la democracia y del rol de la sociedad civil. Tanto era el resquemor por la palabra “pueblo”, que el texto evitó utilizarla al expresar el principio de soberanía proclamando -en realidad con un eufemismo jurídico-, que ésta reside en la Nación.
