Anuncian una reducción de los impuestos a los más ricos y una reforma laboral que privilegiará la negociación por empresa y no a nivel nacional.
La popularidad del presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha bajado diez puntos, del 64% al 54% en pocas semanas. Las razones de este retroceso en el apoyo popular son varias y no todas halagadoras. El presidente galo da muestras de haber canalizado el rechazo a la extrema derecha, ante la posibilidad de que ese sector representado por Marine LePen ganara la presidencia del país. Pero está lejos de seducir al resto de la ciudadanía con cambios sustanciales en la administración del país. Lo demuestra el haber confiado los ministerios económicos a figuras del gobierno del presidente Nicolas Sarkozy, de derecha. Un giro conservador inesperado para quien ganó las elecciones con una propuesta de centro.
La orientación neoliberal de su gestión es confirmada por el anuncio de una próxima reforma laboral que será aplicada por decreto. Entre las medidas, la transición de los acuerdos sindicales nacionales a los acuerdos por empresa. Es decir, una importante atomización de la solidaridad y los intereses comunes de todos los trabajadores.
Pero causan irritación otras iniciativas del presidente Macron. Sus legisladores anuncian una reducción del Impuesto Sobre Fortunas, el ISF, que se aplica a los patrimonios superiores al millón y trecientos mil euros. La idea es que ese dinero ahorrado sea invertido en las empresas para dinamizar la economía nacional. Sin embargo, no se piensa establecer ninguna obligación al respecto. A su vez, es sabido que los titulares de estas fortunas tienen propensión a guardar su dinero en cuentas bancarias ubicadas en paraísos fiscales. O sea, que esos recursos ingresarán en el circuito económico impulsándolo es una mera hipótesis.
Por otro lado, el Gobierno dispuso una reducción de 5 euros mensuales de las ayudas para el alojamiento y la asistencia social para la vivienda. Para el costo de vida en Francia, es prácticamente el equivalente a dos cafés, pero para la población estudiantil y la de menores ingresos tiene su incidencia. Máxime si se tiene en cuenta que el Ejecutivo no tuvo la misma rapidez de reflejos para hacer algo para recuperar algo de los 13 mil millones de euros que la Comisión Europea exige al gigante Apple como reembolso por los impuestos que no paga en Irlanda y en otros países del bloque. No hubo reacciones de parte del Gobierno de Macron.
Y tampoco hubo reacciones ante la decisión de la Corte de Casación que quiere recuperar parte de las indemnizaciones de desempleo concedidas a los trabajadores de una empresa que en 2008 cerró dejando sin trabajo a los obreros y a sus familias. Los jueces dicen que se pagó demasiado y que se tiene que devolver el dinero. Algunos siguen sin empleo, o ganan sueldos modestos, sin embargo, deberían devolver hasta 20.000 euros (unos 21.000 dólares). En caso de que hubiera un error, fue cometido también por la administración pública. ¿El presidente no tiene nada que decir?
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