Global Witness denuncia que, desde 2010, más de 120 personas murieron por oponerse a proyectos destructivos para sus comunidades y su territorio. Entre ellas, la activista ambiental Berta Cáceres.
En un informe publicado este marte, la ong británica Global Witness denuncia que desde 2010, más de 120 activistas medioambientales murieron por oponerse a proyectos destructivos para sus comunidades y su territorio. “Nuestras investigaciones demuestran que las élites políticas y empresariales hondureñas están usando medios corruptos y delictivos para sacar provecho de la riqueza natural del país y están consiguiendo el apoyo de las fuerzas estatales para asesinar y aterrorizar a las comunidades que se atreven a interponerse en su camino”, explicó Billy Kyte, de Global Witness.
“Los conflictos por la minería, las presas hidroeléctricas y la agroindustria son las principales causas de estas muertes y la mayoría de las víctimas pertenece a grupos indígenas y comunidades rurales”, afirma la organización.
Siete personas están detenidas como autores materiales del crimen de Cáceres, entre ellos un empleado de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), que había amenazado de muerte a Cáceres por impedir mediante movilizaciones de indígenas lencas la construcción de una represa hidroeléctrica en el río Gualcarque, en esa zona.
Basado en años de investigaciones, el informe denuncia en particular a la presidenta del partido gobernante (Partido Nacional de Honduras) y vicepresidenta del Congreso, Gladis Aurora López. Según Global Witness, que sostiene haber tenido acceso a documentos que lo corroboran, el proyecto hidroeléctrico de Los Encinos, en el oeste del país, es controlado por el marido de López, Arnold Castro, quien pretende vender energía al Estado, algo en lo que la organización ve un conflicto de intereses.
Tres activistas indígenas que se oponían a Los Encinos fueron asesinados, recuerda Global Witness.
Además, el informe cita a otras personas influyentes relacionadas con la violencia. “Hemos documentado innumerables ataques y amenazas escalofriantes, entre ellos la brutal agresión de unos soldados a unas mujeres embarazadas, niños a los que la policía apuntó con un arma, incendios provocados contra los hogares de aldeanos y asesinos a sueldo que siguen campando a sus anchas en las comunidades de sus víctimas”, añadió Kyte.
Por todo Honduras se han multiplicado los grandes proyectos, se redujeron los controles ambientales y las empresas ignoran la política estatal sobre cómo interactuar con las comunidades locales, denuncia la organización, que lamenta que Estados Unidos esté inyectando dinero en la industria hondureña. “Al ser el principal donante de ayuda de Honduras, Estados Unidos debería contribuir a poner fin a la sangrienta represión de la población rural hondureña”, declaró Billy Kyte.
Los autores del informe instan al presidente Juan Orlando Hernández a defender y reconocer “el legítimo papel de los defensores de la tierra y el medio ambiente” y a comprometerse “a garantizar su protección”. A los inversores y las empresas, les piden “abstenerse de hacer negocios en las industrias de la minería, energía hidroeléctrica, tala, agroindustria y turismo hasta que se protejan los derechos de las comunidades locales”.
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Es tan doloroso, este caso particular como también el avasallamiento de pueblos originarios y chacareros en toda América, para implementar por la fuerza emprendimientos que destruyen la biodiversidad. bosques, tierras de cultivo y el mediambiente, incluida la contribución al deterioro del equilibrio climático. Hay que trabajar duro sobre la conciencia y la acción ciudadana, porque quienes gobiernan no están interesados; mayoritariamente, a comprometerse con los tópicos mencionados, todo lo contrario. Aún así no hay que dejar de advertirlos e interpelarlos.