Andrés Chadwick fue considerado políticamente responsable de no haber obrado lo suficiente para impedir que se cometiesen los actos imputados.
El Senado de Chile aprobó la acusación constitucional en contra del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, por su responsabilidad política en las violaciones a los derechos humanos y en los toques de queda ocurridos durante los primeros días de la crisis social.
Los dos capítulos de la acusación constitucional lograron 23 votos a favor y 18 en contra. El primero de los capítulos acusatorios contra Chadwick apunta a la infracción a la “Constitución y las leyes omitiendo medidas eficaces para evitar la violación de los derechos humanos y no haber mantenido el orden público de manera racional”.
El segundo capítulo, en cambio, consideró la infracción de la Constitución “al declarar estado emergencia y haber permitido hechos no contemplados en esta figura. Se le acusa de restringir la libertad de movimiento y reunión en estados de queda, traspasando los parámetros correspondientes desnaturalizando la medida”, debido a que el presidente Sebastián Piñera no delegó al jefe de la defensa nacional, la facultad de restringir ambas libertades.
La acusación considera el aspecto meramente político y no penales de las infracciones que estima se han cometido. Por tanto, con la aprobación de la acusación, la única sanción es la de la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante cinco años.
El ex ministro del Interior, cuya gestión ya se había visto cuestionada tras el asesinato de un comunero mapuche, Camilo Catrillanca, en noviembre de 2018, renunció a su puesto en el gabinete el 28 de octubre pasado, cuando el presidente determinó un cambio de numerosos ministros de su gabinete.
Desde el comienzo de las protestas masivas en Chile, el pasado 18 de octubre, hasta la fecha en que Chadwick fue ministro, hubo decenas de episodios que han sido violatorios de derechos fundamentales. Entre ellos figura la pérdida total o parcial de la vista a uno de los ojos, por el disparo de perdigones por parte de los agentes de carabineros. Un hecho que ha ocurrido con alarmante frecuencia y que, en total, ha afectado a unas 270 personas. También se señalan detenciones injustificadas, desnudamientos y otros tipos de abuso de carácter sexual, maltrato, la obligación de permanecer en determinada posición durante horas. Estos hechos han sido denunciados con preocupación por la organización Human Rights Watch, y el propio gobierno ha aceptado el informe presentado por la ONG.
